Cuando los precios en los supermercados socavan la confianza de los consumidores, incluso los comerciantes más poderosos terminan aceptando reglas.
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El código de conducta para los supermercados entrará en vigor el 1 de enero de 2026. En la industria agroalimentaria, las expectativas son altas, aunque entre los consumidores son más moderadas, y con razón.
Para los transformadores de alimentos, la adopción de este código representa un momento crucial. Durante años, han denunciado un creciente desequilibrio en sus relaciones comerciales con las grandes cadenas de distribución, cuyo poder de mercado se ha consolidado hasta el punto de debilitar el sector de la transformación y reducir la capacidad de los minoristas independientes para diferenciarse. Un sector de transformación alimentaria debilitado implica menos innovación, menos opciones y, en última instancia, menos competencia para los consumidores.
Cabe recordar una realidad fundamental del modelo canadiense: en el sector agroalimentario, son los proveedores quienes pagan por acceder a las estanterías. Esta dinámica confiere a las grandes cadenas un poder considerable, que a menudo ejercen imponiendo tarifas nuevas, impredecibles o retroactivas.
Hasta ahora, los transformadores no han tenido más remedio que someterse a estas tarifas o absorber los costos, lo que inevitablemente se traduce en aumentos de precios al por menor. En este juego del gato y el ratón aguas arriba de la cadena de suministro, los consumidores son quienes finalmente pagan.
Precisamente esto es lo que el código de conducta busca corregir. Introduce un mecanismo de impugnación y arbitraje cuando se imponen tarifas de forma unilateral. En teoría, se trata de un reequilibrio necesario. En la práctica, podría reducir algunas distorsiones que alimentan la volatilidad de los precios y debilitan la cadena de suministro.
La aparición del código no es casualidad, sino el resultado del trabajo concertado de varios actores que han reconocido que las prácticas actuales ya no son económicamente viables. Michael Medline, ex director ejecutivo de Sobeys, desempeñó un papel determinante al denunciar públicamente prácticas perjudiciales para los transformadores, incluso dentro de su propia organización. Al no provenir del sector agroalimentario, rápidamente percibió la absurdidad económica de un sistema en el que la intimidación comercial termina perjudicando a los consumidores.
Michael Graydon, presidente de Food, Health & Consumer Products of Canada, ha defendido constantemente el tema en nombre de los transformadores, exigiendo un marco más justo y predecible. En Quebec, Sylvie Cloutier, al frente del Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), ha sido una voz fundamental en la defensa de un sector estratégico para la economía provincial. El exministro de Agricultura de Quebec, André Lamontagne, se ha posicionado como un verdadero embajador político del código, no solo en Quebec, sino también a nivel canadiense. Es importante destacar que Quebec tenía mucho que perder si su sector de transformación no estuviera mejor protegido.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo válida: ¿funcionará realmente este código? Su carácter voluntario plantea dudas legítimas. Entre la primera y la undécima versión, el texto ha perdido parte de su contundencia.
Varios observadores consideran que se asemeja más a un código de ética que a un verdadero código de conducta. La intención es encomiable, pero disciplinar a actores tan poderosos seguirá siendo un desafío.
Dicho esto, la inacción ya no era una opción. La inflación de los alimentos en los supermercados alcanza el 4,7% en Canadá, casi dos puntos porcentuales por encima de la inflación general. Mientras tanto, en Estados Unidos, a pesar de enfrentar una política arancelaria agresiva, la inflación de los alimentos se sitúa en torno al 1,9%. Una brecha tan grande es difícil de explicar únicamente por factores coyunturales.
Nuestro problema de inflación de alimentos se remonta a la crisis financiera de 2008, momento en que el índice de precios de los alimentos comenzó a separarse permanentemente de la inflación global. La pandemia, la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas y los trastornos políticos no han hecho más que exacerbar las debilidades estructurales.
Siempre se pueden señalar factores cíclicos o temporales, como ciertas prácticas comerciales abusivas. Pero la realidad es más profunda.
La inflación de los alimentos en Canadá es, ante todo, un problema estructural, relacionado con una cadena de suministro rígida, una transformación de alimentos bajo presión y una falta de competitividad sistémica. Las soluciones, por lo tanto, deben ir más allá de un simple código.
También es importante dejar claro que este código no surgió por una revelación colectiva. Fue la presión popular, alimentada por años de alta inflación de los alimentos y mal explicada, la que obligó a la industria a actuar. Cuando los consumidores comienzan a dudar de la equidad de los precios en los supermercados, es la legitimidad misma del sistema la que se pone en tela de juicio.
Por lo tanto, el código de conducta no es una revolución, sino una admisión. La admisión de que el statu quo ya no era sostenible. No resolverá por sí solo las causas profundas de la inflación de los alimentos en Canadá. Pero envía un mensaje claro: sin reglas del juego más equilibradas y sin un sector de transformación de alimentos más fuerte, la confianza de los consumidores seguirá erosionándose, y con ella, la estabilidad de nuestro sistema alimentario.
