El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) ha expresado su preocupación ante posibles intentos de organismos internacionales de influir en la revisión de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. La entidad ha llamado a las autoridades y a la sociedad civil a permanecer vigilantes en defensa de la institución.
La advertencia del CODUE se produce tras las denuncias del Instituto Duartiano sobre supuestos planes para revertir los efectos de la sentencia 168-13, que regula la situación de los ciudadanos haitianos en el territorio nacional. El CODUE también ha manifestado su inquietud ante las declaraciones del ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, en relación con las presuntas intenciones de estos organismos internacionales.
El CODUE ha acogido con expectativa las declaraciones del canciller Roberto Álvarez, quien aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) no tiene intención de revertir el fallo constitucional. La entidad espera que esta declaración se traduzca en una política clara y coherente en todos los ámbitos de la representación diplomática dominicana.
Feliciano Lacen, representante del CODUE, coincide con las alertas planteadas por Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, y con las declaraciones de Ray Guevara, sobre la importancia de mantener una vigilancia cívica ante cualquier iniciativa que busque imponer directrices externas en materia migratoria y constitucional, áreas que corresponden exclusivamente al ordenamiento jurídico dominicano.
“Exhortamos a las autoridades y a la sociedad civil a preservar la institucionalidad, defender las decisiones del Tribunal Constitucional y no disminuir la vigilancia ante escenarios que puedan comprometer la soberanía nacional”, afirmó Lacen Custodio, reiterando la disposición del CODUE a dar seguimiento responsable a este asunto de interés nacional.
Lacen Custodio advirtió que, de confirmarse estas versiones, se podría comprometer la soberanía jurídica e institucional de la República Dominicana, al cuestionar una decisión constitucional que establece criterios claros para la depuración del Registro Civil y la correcta aplicación de un plan de control y regularización, en cumplimiento del marco legal vigente.
La entidad evangélica recordó que la Sentencia 168-13 respondió a la necesidad de ordenar el sistema registral, garantizar la seguridad jurídica y respetar el Estado de derecho, sin perjuicio de la implementación de políticas públicas de documentación para todas las personas que residen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, en situación regular o irregular, de acuerdo con la ley.
