La Comisión Nacional de Infraestructura (CNI) advirtió al gobierno que frene el ritmo de los proyectos de gas natural licuado (GNL) en el país, argumentando que las decisiones aceleradas podrían generar riesgos económicos y ambientales sin un análisis previo suficiente. Según fuentes consultadas por 1News, el organismo técnico del Estado alertó sobre la falta de estudios de impacto ambiental y económico detallados en los planes actuales, que incluyen la construcción de terminales de regasificación en zonas costeras.
¿Por qué la CNI pide frenar los proyectos de GNL?
La comisión, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, señaló que los avances en los proyectos de GNL —como los anunciados en Valparaíso y Magallanes— carecen de evaluaciones que consideren tanto el impacto en la red eléctrica nacional como los posibles conflictos con comunidades locales. «No se puede tomar decisiones de esta envergadura sin un diagnóstico claro de su viabilidad técnica y social», declaró una fuente cercana al organismo, quien pidió mantener su identidad en reserva.
El gobierno, en tanto, ha defendido estas iniciativas como clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y abaratar costos energéticos. Sin embargo, la CNI subraya que los plazos actuales —algunos proyectos buscan licitaciones para fines de 2024— no permiten una planificación adecuada, especialmente en un contexto de alta volatilidad en los precios internacionales del gas.
¿Qué riesgos identifica la comisión?
Entre los principales riesgos destacados por la CNI destacan:
- Falta de infraestructura complementaria: Según el organismo, los proyectos de GNL requieren inversiones adicionales en gasoductos y plantas de procesamiento que no han sido contempladas en los presupuestos públicos.
- Impacto ambiental no evaluado: Las terminales de regasificación en zonas costeras —como las propuestas en San Vicente— podrían afectar ecosistemas marinos sin estudios previos que lo respalden, advirtió la comisión.
- Dependencia de actores privados: La mayoría de los proyectos están en manos de empresas privadas, lo que, según la CNI, podría generar asimetrías en la negociación de contratos y condiciones desfavorables para el Estado.
Un informe interno al que accedió 1News señala que, en casos similares en otros países —como el rechazo a proyectos de GNL en España en 2022—, la falta de participación ciudadana y evaluaciones técnicas fue determinante para su paralización.
¿Cómo reacciona el gobierno a las críticas?
Hasta el momento, el Ministerio de Energía no ha respondido oficialmente a las alertas de la CNI. Sin embargo, fuentes del sector energético indicaron que el Ejecutivo mantiene su compromiso con los plazos establecidos, argumentando que los proyectos de GNL son «estrategicos para la transición energética». «La CNI cumple un rol consultivo, pero las decisiones finales corresponden al gobierno», aseguró un funcionario bajo condición de anonimato.
La tensión entre la urgencia por diversificar la matriz energética y las advertencias técnicas refleja un debate más amplio en el país: ¿cómo equilibrar la necesidad de inversiones rápidas con la planificación a largo plazo? Mientras la CNI insiste en que se requieren al menos 12 meses adicionales para completar los estudios, el gobierno enfrenta presiones para concretar acuerdos con empresas internacionales antes de que finalice el año.
¿Qué pasa con los proyectos ya en marcha?
Actualmente, dos terminales de GNL avanzan en trámites:
- Terminal de San Vicente (Valparaíso): Operada por ENAP, busca regasificar hasta 5 millones de toneladas anuales. La CNI cuestiona la capacidad de la red eléctrica para absorber este volumen sin expansiones previas.
- Proyecto en Magallanes: Promovido por Engie y Shell, incluye la construcción de una planta flotante. La comisión advierte sobre riesgos en la logística de transporte desde el sur del país.
Ambos proyectos enfrentan retrasos en sus permisos ambientales, lo que podría alinearse con las recomendaciones de la CNI. Sin embargo, sus promotores han descartado pausas, citando cláusulas contractuales con socios extranjeros.
La discusión sobre el GNL en Chile se enmarca en un contexto regional complejo: mientras países como Perú y Argentina aceleran sus terminales, la CNI plantea un escenario de cautela, donde la prisa podría traducirse en costos ocultos para el Estado y la ciudadanía.
