El Consejo Constitucional francés validó este miércoles una ley que establece la confidencialidad de las consultas de los abogados internos de las empresas, con dos reservas. La medida, inspirada en prácticas anglosajonas y aprobada por el Parlamento, ha sido objeto de controversia por parte de la oposición de izquierda.
Más de 60 diputados habían recurrido la ley ante el Consejo Constitucional, buscando introducir una suerte de “privilegio legal” que proteja las asesorías jurídicas internas bajo ciertas condiciones. Estas consultas son cruciales para alertar a la dirección sobre riesgos legales, al tiempo que se evita la autoincriminación de la empresa.
La nueva legislación establece, sin embargo, que esta confidencialidad no será aplicable en asuntos fiscales ni penales. Además, se contempla un procedimiento para levantar la confidencialidad en litigios civiles, comerciales y administrativos.
Los diputados que presentaron el recurso argumentaban que la confidencialidad podría limitar excesivamente los poderes de control de las autoridades administrativas, según un comunicado del Consejo Constitucional. El Consejo rechazó este argumento, aunque con “reservas de interpretación” en dos puntos relacionados con el mecanismo para levantar la confidencialidad en procedimientos administrativos y litigios civiles o comerciales.
En cuanto a los procedimientos administrativos, la ley permite que, durante una inspección en las instalaciones de la empresa, la autoridad administrativa designe a un comisario de justicia para acceder a una consulta jurídica cuya confidencialidad se alega. En ciertos casos, podrá recurrir al juez de libertades y detención.
El Consejo Constitucional aclara que una autoridad administrativa que solicite la presentación de un documento en el ejercicio de sus poderes de control, sin realizar una inspección, también podrá recurrir al juez de libertades y detención.
Respecto a los litigios civiles o comerciales, la ley prevé que, cuando se opone la confidencialidad en el marco de una medida de instrucción, el presidente del tribunal que ordenó dicha medida pueda ser consultado para impugnarla.
En este punto, el Consejo considera que estas disposiciones deben interpretarse de manera que permitan al presidente del tribunal ordenar la suspensión de la confidencialidad de una consulta jurídica también “cuando le parezca que el documento tiene como finalidad facilitar o incitar a la comisión de un fraude a la ley o a los derechos de un tercero”, algo que no estaba especificado originalmente en la ley.
La propuesta de ley, impulsada por el diputado macronista Jean Terlier, fue aprobada por la Asamblea Nacional desde 2024 y ratificada por el Senado en enero.
