La Corte Suprema de California dictaminó por unanimidad el jueves 24 de septiembre de 2026 que el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, confiscó ilegalmente más de 650.000 boletas de una elección especial de noviembre de 2025, ordenando la devolución inmediata de los materiales a los funcionarios electorales del condado en medio de preocupaciones sobre la integridad del voto.
El Tribunal Supremo de California emitió un fallo unánime el jueves 24 de septiembre de 2026, en el que determinó que la incautación de las boletas fue ilegal. La decisión pone fin a meses de disputas jurídicas provocadas por las acciones del sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, quien en febrero se había apoderado de aproximadamente 650.000 votos de una elección especial celebrada en noviembre de 2025 sobre la redistribución de distritos congresionales en el estado.
La medida de redistribución, conocida como la Propuesta 50, había sido respaldada por el 64% de los votantes a nivel estatal y se impuso en el condado de Riverside por un margen de unos 80.000 votos, según detallan los registros oficiales. Sin embargo, tras recibir una queja de un grupo ciudadano local que afirmaba que el recuento no cuadraba, Bianco obtuvo órdenes de registro en febrero y requisó el material electoral argumentando que formaba parte de una investigación penal por supuestas irregularidades. El rotundo fallo del tribunal de dos casos (Cervantes v. Bianco y Bonta v. Bianco) abarcó más de 1.000 cajas de documentos custodiadas por agentes armados.
La Decisión Unánime de la Corte Suprema y la Custodia Electoral
La jueza principal Patricia Guerrero firmó una de las sentencias del caso señalando que la actuación del sheriff creó un riesgo sustancial para la integridad electoral al permitir un acceso desregulado y sin supervisión de los funcionarios del registro. La ley del estado de California estipula de forma clara que los votos emitidos deben permanecer estrictamente bajo la custodia y el control de los administradores electorales, incluso cuando se desarrolla una investigación de carácter criminal.
La jueza principal Patricia Guerrero escribió que sostienen que la confiscación de las boletas fue ilegal y agregó que, aunque las denuncias sobre irregularidades electorales son un asunto muy serio, nuestro Código Electoral contiene numerosos mecanismos establecidos para investigar y demostrar faltas que no comprometen la integridad de las boletas emitidas, al contrario de los medios empleados aquí.
En su resolución, el tribunal ordenó que Bianco no solo devuelva el material al registrador de votantes del condado de Riverside (Art Tinoco), sino que también se abstenga de cualquier manipulación adicional de las papeletas salvo lo estrictamente necesario para cumplir con el mandato judicial. Los abogados defensores del sheriff, encabezados por Bradley Hertz, habían argumentado previamente ante los magistrados que las boletas constituían evidencia criminal y que las órdenes de cateo emitidas por un juez prevalecían sobre los códigos electorales habituales. No obstante, los jueces desestimaron esta teoría al recordar que las normas específicas que rigen los procesos de votación tienen preeminencia sobre las leyes generales.
El Enfrentamiento Jurídico del Fiscal General Rob Bonta y las Acciones del Estado
El conflicto escaló rápidamente a principios de año cuando el fiscal general de California, Rob Bonta, interpuso una demanda para frenar las acciones del sheriff y exigir la restitución del material, advirtiendo que la maniobra buscaba socavar la confianza pública en el sistema democrático. Paralelamente, el Proyecto de Derechos Electorales de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) —junto con la concejal de Riverside Clarissa Cervantes— presentó otra demanda en representación de diversos residentes del condado de Riverside.
Chad Dunn, director legal y cofundador del UCLA Voting Rights Project, afirmó que la decisión de la corte reafirma un principio básico de que en California el Código Electoral se aplica a todos, incluida la aplicación de la ley, y añadió que se trata de las boletas de los votantes que deben ser protegidas a través de los procesos que la Legislatura ha establecido, señalando además que este fallo proporciona una claridad importante para los funcionarios electorales, las autoridades policiales y los votantes en todo California.
Por su parte, el gobernador Gavin Newsom celebró la decisión judicial y recordó que la administración estatal ha reforzado los marcos normativos para blindar los procesos electorales de intromisiones policiales independientes. Newsom firmó recientemente una legislación diseñada específicamente para impedir que cualquier autoridad pueda confiscar material electoral o urnas de las oficinas de registro, blindando los comicios de cara a los próximos retos electorales de noviembre.
Mientras tanto, el impacto político de la controversia ha resonado en todo el espectro político local y nacional, coincidiendo con un clima de creciente atención sobre la seguridad de las elecciones en Estados Unidos. Mientras el equipo legal de Bianco sostiene que el departamento cumplió con su deber de investigar una denuncia ciudadana, los defensores de los derechos civiles insisten en que el fallo sienta un precedente indispensable para frenar a las facciones que replican discursos de fraude sin sustento legal en los condados del país, en momentos en que Bianco finalizó cuarto en las primarias a gobernador de junio con algo más del 10% de los votos.
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