La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa si la Fuerza Aérea cumplió con los procedimientos ambientales adecuados antes de solicitar un nuevo permiso para continuar detonando municiones sin explotar en la playa Tarague de Guam, una isla del Pacífico occidental con unos 170.000 habitantes.
La audiencia surge a raíz de una impugnación presentada por el grupo conservacionista Prutehi Guahan, cuyo nombre significa «Protege Guam» en el idioma chamorro.
El impacto ambiental en la playa Tarague y el acuífero de Guam
Prutehi Guahan argumenta que la utilización histórica de la playa Tarague para la eliminación de armamento puede dañar el ecosistema, perjudicar un sitio cultural e histórico de gran importancia y poner en riesgo los recursos hídricos de la isla. En los documentos judiciales presentados ante el tribunal, la organización detalló que el campo de disposición de la Fuerza Aérea se encuentra situado en en tierras ancestrales que los militares confiscaron a las familias locales después de la Segunda Guerra Mundial
.
Asimismo, los expedientes señalan que la zona colinda con lugares de pesca tradicionales de los cuales dependen las familias locales y contiene áreas para la recolección de medicinas tradicionales. La región destaca como uno de los asentamientos más antiguos de la zona, con registros arqueológicos que se remontan al segundo milenio antes de Cristo.
El grupo conservacionista advirtió que el sitio de detonación se ubica sobre un acuífero que abastece de agua potable a más del 80% de la población de la isla. Los estudios judiciales añadieron que la destrucción de municiones puede propagar fragmentos hacia el océano y los arrecifes circundantes, además de liberar sustancias químicas tóxicas.
Los argumentos legales de la Fuerza Aérea y el trasfondo político del territorio
El litigio ante el máximo tribunal gira en torno al cumplimiento de las normativas ambientales previas a la solicitud de un nuevo permiso para deshacerse de materiales peligrosos como bombas, minas terrestres y misiles. La Fuerza Aérea utiliza la playa para estas detonaciones desde 1982 y solicitó la renovación del permiso en 2021. La Agencia de Protección Ambiental de Guam no aprobó ni rechazó formalmente dicha solicitud, por lo que las detonaciones prosiguieron.
Los abogados del gobierno sostienen que la Fuerza Aérea acató los procedimientos de revisión ambiental estipulados en la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de 1976, la cual obliga a los reguladores estatales y territoriales a supervisar los residuos peligrosos. Según la defensa, este proceso desplaza cualquier exigencia contemplada por la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969, que exige evaluaciones de impacto ambiental y participación comunitaria antes de tomar decisiones importantes.
Además, el gobierno argumentó que la demanda de Prutehi Guahan era prematura debido a que la Agencia de Protección Ambiental local no emitió un fallo definitivo sobre el permiso de 2021. Un juez de distrito respaldó inicialmente a la Fuerza Aérea y desestimó la demanda interpuesta por el grupo en enero de 2022, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó posteriormente que el proceso judicial debía continuar, lo que llevó a la Fuerza Aérea a apelar ante la Corte Suprema.
El debate judicial ha puesto de relieve la relación política entre los habitantes de los territorios estadounidenses, quienes carecen de derecho al voto en las elecciones presidenciales y poseen una representación limitada en el Congreso, y el gobierno federal. Guam se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1898 tras la guerra hispano-estadounidense y alberga las bases de la Fuerza Aérea Andersen y Naval Base Guam.
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