La Corte Penal Internacional (CPI), establecida en 2002 tras la adopción del Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, representa una esperanza fundamental para la justicia penal a nivel internacional. Su objetivo principal es juzgar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
Sin embargo, la CPI ha sido objeto de críticas frecuentes, acusada de aplicar la ley de manera selectiva, a menudo favoreciendo a los Estados occidentales. Recientemente, la acusación formal presentada por la CPI contra líderes israelíes y del Hamas ha generado fuertes críticas y sanciones por parte de Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión y ha impuesto sanciones a los jueces de la CPI.
Europa se encuentra ahora ante un dilema: mantener su alianza estratégica con Estados Unidos o defender los principios en los que cree y, por ende, su propia credibilidad. Se espera que Europa responda resistiendo a las intimidaciones estadounidenses y participando activamente en la preservación del sistema de justicia penal internacional.
