La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prohibió el 29 de octubre de 2026 a los cuerpos de seguridad efectuar detenciones sin orden judicial, salvo en casos de flagrancia. Durante un mensaje a la nación, la mandataria reconoció la aplicación abusiva de la Ley contra el Odio y repasó la liberación de más de mil presos políticos.
El anuncio oficial de la mandataria modificó de inmediato los protocolos operativos de los organismos policiales y militares del país. Bajo las nuevas directrices impartidas en cadena nacional, ninguna persona podrá ser privada de libertad sin un mandamiento escrito emitido por un tribunal, a menos que sea sorprendida en el momento de cometer un delito.
Las instrucciones estrictas a la policía y el derecho a la protesta pacífica
La jefa de Estado enfatizó que el ejercicio de la actividad política y la manifestación pública cuentan con respaldo constitucional en el territorio nacional. Según lo expuesto en su alocución, la protesta pacífica es un derecho fundamental que debe desarrollarse bajo el respeto estricto a la integridad física y moral de los funcionarios uniformados.
Asimismo, la mandataria recalcó que la participación en la política nacional está garantizada para todos los sectores sin distinción, instando a la ciudadanía a expresar opiniones diversas sin temor a sufrir represalias punitivas.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado durante años que los arrestos preventivos al margen de la ley constituían una constante en las actuaciones policiales. Con esta nueva ordenanza, el Ejecutivo busca transformar las prácticas de seguridad y encausar la convivencia ciudadana hacia canales institucionales formales.
La reforma judicial respaldada por la organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea
La prohibición de arrestos arbitrarios forma parte de una transformación profunda del sistema de justicia penal que el gobierno impulsa tras los acontecimientos de enero pasado. La mandataria detalló que este proceso de refundación institucional avanza mediante una gran consulta nacional orientada a superar la corrupción y el retardo procesal.
Para garantizar la transparencia de estos cambios estructurales, la administración federal solicitó la colaboración técnica de organismos internacionales. La iniciativa cuenta con el acompañamiento activo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Unión Europea.
El reconocimiento de abusos en la Ley contra el Odio y la revisión de causas penales
En un hecho considerado inédito desde la jefatura del Estado, la mandataria admitió públicamente que la legislación destinada a sancionar el odio se había aplicado de forma abusiva en el pasado reciente. Tras este reconocimiento, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad de un proyecto para modificar dicha normativa.
En septiembre dije algo que no es fácil decir desde esta responsabilidad: que la Ley contra el Odio se había aplicado de forma abusiva.
Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela
El plan legislativo contempla eliminar las penas de cárcel para centrar la ley en un propósito formativo. Ante este escenario, la jefa de Estado exhortó al Poder Legislativo a convocar un debate plural que recoja las opiniones de los sectores especializados y de la sociedad civil organizada.
Una vez que la Asamblea Nacional promulgue la reforma tras un proceso amplio de consultas públicas, el sistema judicial deberá revisar de inmediato los expedientes de todas las personas procesadas bajo ese marco.
Los alcances de la ley de amnistía y las liberaciones registradas
Las decisiones anunciadas este jueves se articulan con la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por unanimidad en febrero por el Parlamento. Según los datos oficiales proporcionados durante el mensaje a la nación, la norma ha beneficiado a casi 9.000 ciudadanos involucrados en procesos derivados de la confrontación política.
La aplicación de este marco de amnistía y de otros instrumentos jurídicos complementarios ha permitido la liberación de más de mil personas que permanecían sujetas a causas penales. La jefa de Estado invitó a organizaciones independientes y entes autónomos a auditar cada uno de estos pasos en condiciones de total libertad.
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