La Organización Europea de Consumidores (BEUC), en colaboración con 29 organizaciones de 27 países, ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia contra Meta, TikTok y Google. El motivo central de esta acción es el supuesto incumplimiento sistemático de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea en lo referente a la gestión y control de anuncios financieros fraudulentos.
En España, las organizaciones CECU y ASUFIN se han sumado a esta iniciativa. Según los datos recopilados por las asociaciones que integran la BEUC entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se reportaron cerca de 900 anuncios sospechosos de vulnerar la normativa europea. El informe revela una respuesta insuficiente por parte de las plataformas: solo el 27% de los anuncios fueron retirados tras ser notificados, mientras que el 52% de las denuncias fueron ignoradas o rechazadas.
El impacto de esta problemática es significativo, afectando a más de 200 millones de consumidores europeos cada mes, quienes siguen expuestos a cientos de estafas financieras activas.
Análisis por plataforma
La investigación destaca patrones específicos de comportamiento en cada compañía:
- Meta: Se detectó un patrón donde ciertos anunciantes publican contenidos fraudulentos de manera reiterada sin que sus cuentas sean suspendidas. De 503 denuncias tramitadas, la plataforma solo bloqueó 146, manteniendo activos a más de 300 anunciantes denunciados. Se estima que Meta ingresaría aproximadamente el 10% de sus ingresos totales procedentes de estos anunciantes.
- TikTok: El 40% de los anuncios reportados fue ignorado por la plataforma. Además, se señala que la compañía no incluyó referencias a esta problemática en sus planes de seguridad comunicados en el informe de riesgos DSA de 2025.
- Google: La denuncia apunta a que la probabilidad de suspensión para cuentas reincidentes sigue siendo reducida, incluso cuando la plataforma afirma haber procedido a la retirada de los contenidos reportados.
La situación en España se ve agravada por lo que los denunciantes califican como una anomalía institucional, al considerar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) carece de los poderes reales necesarios para abordar esta problemática de manera efectiva.
