Estados Unidos atacó varios objetivos en Venezuela en la madrugada del sábado. Residentes de la capital, Caracas, reportaron numerosas explosiones, y según el gobierno venezolano, también hubo detonaciones en los estados de Miranda, La Guaira y Aragua.
En el marco de la operación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos por fuerzas estadounidenses.
Wrange: Una violación de la soberanía venezolana
Pål Wrange considera que la detención de Maduro y su esposa constituye una grave violación de la soberanía venezolana. Si bien reconoce que Maduro tiene una larga trayectoria y se le acusa de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante años, Wrange enfatiza que esto no justifica que Estados Unidos lo juzgue ante sus tribunales.
Wrange subraya que, como jefe de Estado, Maduro goza de inmunidad ante los tribunales de otros países, incluyendo los estadounidenses. Añade que la administración estadounidense podría argumentar que Maduro no fue elegido en un proceso electoral libre y justo.
Klamberg: La lucha contra el narcotráfico debe seguir cauces legales
La administración Trump justifica su ataque alegando la implicación de Maduro en actividades de narcotráfico fuera de las costas venezolanas. Sin embargo, Mark Klamberg, profesor de derecho internacional en la Universidad de Estocolmo, no considera que este argumento sea relevante.
“El narcotráfico debe abordarse a través de procedimientos legales tradicionales”, afirma Klamberg.
Klamberg también señala que Estados Unidos está violando el derecho internacional, tanto la prohibición del uso de la fuerza como el principio de no intervención, que impide a otros países influir en la gobernanza política de una nación. “El uso de la fuerza militar es una transgresión, incluso en estados autoritarios cuyo gobierno podemos rechazar, pero el derecho internacional limita las acciones de otros estados”, explica.
Posible condena en la Asamblea General de la ONU
Según Klamberg, es probable que las acciones de Estados Unidos sean condenadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de manera similar a lo que ocurrió en 1989 tras la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos.
