La Corte Suprema de Estados Unidos asestó, el martes 23 de diciembre, un revés inusual a Donald Trump al bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, una medida impulsada por el presidente a pesar de la oposición de las autoridades locales demócratas. La máxima instancia judicial del país determinó que el gobierno no había presentado una base legal que justificara dicho despliegue, el cual, según la ley estadounidense, solo está permitido en circunstancias excepcionales. Con esta decisión, la Corte dio la razón a la justicia federal, que ya se había pronunciado previamente sobre el tema.
El ejecutivo había justificado la movilización de la Guardia Nacional, una unidad de reserva del ejército, con el objetivo de proteger a los agentes federales encargados de implementar la política de expulsión de inmigrantes en situación irregular. Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, reaccionó a la decisión afirmando que Donald Trump “movilizó a la Guardia Nacional para proteger a las fuerzas del orden federal y asegurar que los alborotadores no destruyan edificios federales. Nada en la decisión de hoy afecta esa voluntad”. Por su parte, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, celebró una “gran victoria” y “un paso importante para… frenar el avance de Trump hacia el autoritarismo”.
Los miembros de la Guardia Nacional están capacitados para intervenir en desastres naturales en Estados Unidos, pero también pueden combatir en el extranjero. En tiempos normales, estas fuerzas están bajo el control del gobernador de cada estado estadounidense. Si bien su despliegue fue bloqueado en Chicago, el alcance del fallo de la Corte Suprema más allá de esta ciudad no está claro de inmediato. Trump también había ordenado el despliegue de guardias nacionales en Los Ángeles, Washington y Memphis, acciones que también han sido impugnadas en los tribunales, acusándolo de pisotear los límites del poder presidencial.
