La calidad de un país se mide en su capacidad para proteger a sus habitantes. Aunque España ha desarrollado un complejo sistema de protección social en las últimas décadas con hospitales, escuelas e infraestructuras, el calentamiento global se ha convertido en una amenaza muy grave que pone a prueba la misión fundamental de las administraciones públicas.
Las advertencias históricas y la realidad actual en España
Los riesgos del calentamiento global no son nuevos. El científico Svante Arrhenius ya advirtió en 1896 que duplicar las emisiones de CO₂ elevaría la temperatura entre 5 y 6 grados. A finales de los años 70, los investigadores de Exxon Mobil concluyeron que los combustibles fósiles implicaban un grave calentamiento, y el 8 de noviembre de 1989, Margaret Thatcher señaló este peligro ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Sin embargo, la inacción generalizada ha provocado que la realidad ignorada pase factura. A nivel global, la actividad humana es la causa principal de que la Tierra se caliente a un ritmo sin precedentes. Los satélites y nuevas tecnologías espaciales han permitido documentar que la expansión humana del efecto invernadero
—el proceso por el cual la atmósfera atrapa el calor irradiado desde la superficie— impulsa la tendencia al calentamiento observada desde mediados del siglo XX.
Impacto en la salud pública, la agricultura y las infraestructuras
En el terreno nacional, las consecuencias se multiplican en varios frentes críticos. Las sucesivas olas de calor veraniegas dejan miles de muertes invisibles en España. Cálculos del Instituto de Salud Carlos III estiman que más de 5.030 personas han fallecido prematuramente por el calor extremo durante el periodo estival.
El sector primario sufre directamente la alteración térmica. El trigo pierde fertilidad a partir de los 35 grados y el tomate aborta la flor por encima de los 32, poniendo en duda la rentabilidad de las cosechas y de miles de explotaciones familiares. A esto se suma el avance de la erosión y la degradación del suelo español, que en las últimas cuatro décadas ha afectado a una superficie equivalente a Aragón y Murcia juntas, además de la virulencia de los incendios forestales y el desgaste de infraestructuras públicas diseñadas bajo parámetros del siglo pasado.
Un grave problema económico y de seguridad nacional
Lejos de restringirse al ámbito ecológico, la crisis climática representa un riesgo estratégico. Un estudio reciente de la agencia europea de calificación crediticia Scope Ratings calcula que el cambio climático podría costarle a España hasta un 6,8 % del PIB en las próximas tres décadas.
A escala planetaria, la quema masiva de carbón y petróleo eleva la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, desencadenando efectos irreversibles para los habitantes actuales, tales como la pérdida de hielo marino, el derretimiento de glaciares y la elevación del nivel del mar. Los expertos espaciales confirman que estos daños severos se intensificarán mientras las emisiones sigan aumentando.
Hacia un pacto de país frente a la inercia política
Para superar la inercia institucional, resulta indispensable abandonar viejos paradigmas. La dificultad no reside tanto en desarrollar nuevas ideas como en escapar de las antiguas
, señala una reflexión clásica que describe la resistencia de una clase política todavía aferrada a considerar el clima como un asunto menor y meramente ambiental.
A pesar de la magnitud del desafío, el país cuenta con empresas líderes, agricultores innovadores, universidades y centros de investigación preparados. El objetivo pendiente radica en canalizar ese talento hacia un pacto transversal de país que permita reducir emisiones y adaptar el territorio al nuevo escenario climático.
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