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El Departamento de Justicia bajo la administración de Trump aún mantiene la posibilidad de realizar pagos a los implicados en los disturbios del 6 de enero, incluso ante la ausencia de un denominado «fondo contra la instrumentalización» (anti-weaponization fund).
Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de financiamiento y las vías legales que podrían utilizarse para gestionar estas compensaciones, independientemente de la existencia de partidas presupuestarias específicas creadas para tales fines. La falta de este fondo particular no cierra necesariamente la puerta a los desembolsos relacionados con las personas involucradas en los eventos de aquel día.
