Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas afirmaron el miércoles que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han consolidado una dictadura en Nicaragua. El grupo investigador señaló que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad durante las acciones estatales contra la oposición.
La investigación sobre los abusos sistemáticos en el país centroamericano comenzó en abril de 2018. Desde entonces, el gobierno nicaragüense ha negado rotundamente las denuncias internacionales mientras endurece el control institucional y político. El grupo designado por el Consejo de Derechos Humanos documentó un patrón deliberado de detenciones arbitrarias, persecución política, desapariciones forzadas y despojo de la nacionalidad a los críticos del ejecutivo.
El objetivo de un gobierno dinástico permanente
Las acciones recientes del poder ejecutivo buscan erradicar todo margen de disidencia política y asegurar la continuidad en el poder. Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, advirtió sobre la naturaleza del actual régimen en Managua durante la presentación de los hallazgos.
Simon añadió que hace cuatro meses, Daniel Ortega lo dijo en voz alta: Nicaragua no volverá a celebrar elecciones
. Ante estos señalamientos, el gobierno nicaragüense rechazó frontalmente el informe. Las autoridades tildaron al Consejo de Derechos Humanos de manipulado, obsoleto e injerencista
y recriminaron a las potencias neocolonialistas el uso de los derechos humanos como herramienta de agresión política.
El control absoluto del Estado y la represión sistemática
El dominio del oficialismo sobre las estructuras del Estado se consolidó tras las protestas multitudinarias de 2018, que enfrentaron una dura represión gubernamental con un saldo de cientos de muertos. Años más tarde, Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021 en unos comicios calificados de ilegítimos por la comunidad internacional, después de arrestar a los principales contendientes capaces de disputar el cargo.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional ejerce el control total sobre los tribunales, la policía y las prisiones. La reforma constitucional aprobada el año pasado eliminó formalmente la independencia de los poderes legislativo y judicial. Reed Brody, fiscal y abogado de derechos humanos integrante de la misión de la ONU, describió la asfixia del espacio cívico.
No quedan partidos de oposición, no hay prensa independiente dentro del país, no hay organizaciones no organizaciones no gubernamentales que sean críticas.
Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la ONU
Desde 2018, la administración estatal ha ordenado la disolución de más de 5.000 organizaciones, principalmente de carácter religioso, y ha expulsado o forzado al exilio a miles de ciudadanos, incluyendo periodistas y líderes religiosos.
El destierro y la persecución transnacional de opositores
La ofensiva legal del régimen también afectó la nacionalidad de cientos de ciudadanos declarados opositores. Desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido declarados traidores a la patria y despojados de sus derechos ciudadanos. Entre las personas afectadas se encuentran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y la totalidad de los aspirantes presidenciales que compitieron en 2021.
La persecución del gobierno traspasa las fronteras nacionales mediante una red de vigilancia transnacional. Los expertos documentaron que este sistema monitorea, hostiga y ataca a cientos de miles de exiliados nicaragüenses en el extranjero.
Acciones legales internacionales ante la Corte Internacional de Justicia
Ante la gravedad de los abusos documentados, los expertos internacionales instaron a los gobiernos extranjeros a emprender acciones jurídicas concretas. Los comisionados recomendaron demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir los convenios internacionales sobre personas apátridas. Aunque el Estado nicaragüense no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, enfrenta la presión de un expediente que detalla crímenes internacionales graves y un control político sin contrapesos internos.
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