Un gran jurado federal en el Distrito de Columbia ha presentado una acusación contra una exgerente sénior de una contratista gubernamental con sede en Virginia, imputándole fraude gubernamental de gran magnitud, fraude electrónico y obstrucción de auditorías federales. Se alega que Danielle Hillmer, de 53 años y residente de Chantilly, Virginia, llevó a cabo un esquema de varios años para engañar a agencias federales sobre la seguridad de una plataforma basada en la nube utilizada por el Ejército de los Estados Unidos y otros clientes gubernamentales.
Según documentos judiciales, entre marzo de 2020 y al menos noviembre de 2021, Hillmer supuestamente orquestó un fraude al obstruir a los auditores federales y al representar falsamente que la plataforma en la nube de la contratista había implementado los controles de seguridad requeridos. La acusación detalla que, a pesar de que la plataforma se comercializaba como un entorno seguro para las agencias federales, Hillmer ocultó el incumplimiento de los controles de seguridad bajo el Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorización (FedRAMP) y el Marco de Gestión de Riesgos del Departamento de Defensa. Específicamente, se alega que Hillmer afirmó falsamente que los controles de seguridad se implementaron al nivel FedRAMP Alto y en los Niveles de Impacto 4 y 5 del Departamento de Defensa, a pesar de las repetidas advertencias de que el sistema carecía de controles de acceso, registro, monitoreo y otras capacidades de seguridad esenciales.
Como parte del esquema, Hillmer presuntamente intentó influir y obstruir a los evaluadores externos durante las auditorías requeridas en 2020 y 2021, ocultando deficiencias e instruyendo a otros para que ocultaran el verdadero estado del sistema durante las pruebas y demostraciones. También se la acusa de haber realizado declaraciones falsas y engañosas al Ejército de los Estados Unidos para inducirlo a patrocinar la plataforma para una autorización provisional del Departamento de Defensa. Según la acusación, Hillmer presentó, y causó que otros presentaran, materiales de autorización a los evaluadores, funcionarios autorizados y clientes gubernamentales que sabía que contenían información materialmente falsa con el fin de obtener y mantener contratos gubernamentales y autorizaciones para operar.
Hillmer enfrenta dos cargos de fraude electrónico, un cargo de fraude gubernamental de gran magnitud y dos cargos de obstrucción de una auditoría federal. En caso de ser condenada, Hillmer podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico, una pena máxima de 10 años de prisión por fraude gubernamental de gran magnitud y una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de obstrucción de una auditoría federal. Un juez de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por el Asistente General Adjunto en funciones Matthew R. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Subinspector General Robert C. Erickson de la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos (GSA-OIG).
El GSA-OIG, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa, el Servicio de Investigación Criminal Naval y la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército están investigando el caso.
Los abogados de juicio Lauren Archer y Paul Hayden de la Sección de Fraude de la División Criminal están llevando a cabo el enjuiciamiento del caso.
Una acusación es meramente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
