Hong Kong se encuentra en duelo tras uno de los incendios más mortíferos de su historia, que ha cobrado al menos 159 vidas y ha dejado a miles de personas desplazadas. El devastador incendio, ocurrido en un complejo de viviendas densamente poblado en el distrito de Tai Po, ha desatado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la seguridad y la respuesta de las autoridades.
La detención de Miles Kwan, un estudiante universitario que lanzó una petición solicitando respuestas a las autoridades de Hong Kong tras la tragedia, ha generado controversia. Kwan fue arrestado bajo la controvertida ley de seguridad nacional por sedición, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento de silenciar las críticas.
El feroz incendio ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la ciudad, comparables a los que se vivieron en 2019, cuando amplias protestas estallaron tras el intento de China de ejercer un mayor control sobre el territorio.
Las autoridades pro-Beijing han advertido repetidamente contra cualquier intento de «explotar» el incendio para «poner en peligro la seguridad nacional», temiendo que la ira pública pueda desencadenar nuevas protestas masivas. Kwan es solo uno de varios individuos detenidos bajo la ley de seguridad nacional tras pedir responsabilidades al gobierno.
‘Una respuesta humana a la tragedia’
Hong Kong, que alguna vez fue admirada por su espíritu de activismo cívico, se encuentra ahora en una situación diferente. La reacción del gobierno ante el incendio de Tai Po refleja una ciudad que se ha integrado cada vez más en China continental, donde la crítica al gobierno no es tolerada.
Ronny Tong, miembro del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, ha defendido la actuación del gobierno, argumentando que están actuando con «prudencia». Regina Ip, otra legisladora de Hong Kong, respaldó los arrestos, afirmando que las autoridades están siendo «extremadamente cuidadosas» para evitar una «recurrencia de los disturbios de 2019». «Hay que diferenciar entre expresiones genuinas de opinión y peticiones con intenciones criminales. Eso es lo que nuestros tribunales tendrán que determinar», declaró a la BBC.
Sin embargo, los críticos señalan que la amplia ley de seguridad nacional, introducida en respuesta a las protestas de 2019, ha reprimido severamente la disidencia, aunque las autoridades argumentan que es necesaria para mantener la estabilidad.
La petición de Kwan, que incluía «cuatro demandas» – un eco del lema «cinco demandas, ni una menos» que movilizó a los manifestantes en 2019 – reunió más de 10.000 firmas en menos de un día antes de ser retirada.
Posteriormente, el líder de la ciudad, John Lee, anunció que Hong Kong «haría todo lo posible» para apoyar a las víctimas e investigar el incendio, comprometiéndose a tomar medidas similares a las solicitadas en la petición de Kwan. Estas medidas incluyen la convocatoria de una investigación independiente sobre el incendio, una revisión del sistema de obras de construcción y la oferta de alojamiento temporal y ayuda financiera a las víctimas.
Getty ImagesEn la última semana, las autoridades también han arrestado a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario y han ordenado la retirada de redes de seguridad de todos los edificios en renovación, después de que se descubriera que la que cubría el complejo calcinado no cumplía con los estándares de retardancia a la llama.
«Es desconcertante que Miles haya sido arrestado por hacer preguntas básicas en nombre de muchos residentes, preguntas a las que el gobierno terminó respondiendo de todos modos», dijo Samuel Chu, un activista prodemocrático que republicó la petición de Kwan en una plataforma diferente.
«Esto no es una campaña política. Es una respuesta humana a la tragedia», añadió.
Getty ImagesLa oficina de seguridad nacional de China en Hong Kong actuó rápidamente tras el desastre de la semana pasada, advirtiendo que tomaría medidas contra cualquiera que intentara instigar el «terror negro» – una frase que Beijing utilizó para describir las protestas de 2019.
En una declaración más contundente esta semana, prometió castigar a las «fuerzas extranjeras hostiles… sin importar cuán lejos estén».
John Lee, el jefe ejecutivo de Hong Kong, dijo que se asegurará de que se haga «justicia» a cualquiera que intente «sabotear» los esfuerzos de ayuda.
El exconsejero de distrito Kenneth Cheung, que se encuentra entre los arrestados bajo la ley de seguridad nacional, afirma que las autoridades se opusieron al contenido que compartió en Facebook tras el incendio.
«El incendio de Tai Po es una tragedia que preocupa a todos en Hong Kong. Muchos, independientemente de sus lealtades políticas, quieren que los culpables rindan cuentas», dice el hombre de 55 años, que está en libertad bajo fianza pero tiene su pasaporte retenido.
Entre las preguntas que los habitantes de Hong Kong quieren responder se encuentran cómo el incendio pudo propagarse tan rápidamente por los edificios y si algún funcionario del gobierno debe ser considerado responsable.
«No todo se trata de política», dice Cheung.
Las autoridades de Hong Kong están abordando este desastre utilizando el manual de Beijing, que se centra en el control social y la seguridad del régimen, según Kenneth Chan, profesor de política de la Universidad Bautista de Hong Kong.
Señala cómo las autoridades han desplazado durante el fin de semana las iniciativas de ayuda lideradas por la comunidad por grupos respaldados por el gobierno.
«Los funcionarios no aceptarán la espontaneidad de estos esfuerzos de base porque quieren el control», afirma.
Las críticas a las detenciones por motivos de seguridad nacional se han viralizado en las redes sociales. «Cualquiera que busque la verdad y cuestione al gobierno puede ser arrestado bajo las llamadas leyes de seguridad nacional… Es repugnante», escribió un usuario de Threads.
Otro escribió: «¿Han logrado la ‘seguridad nacional’, pero están protegiendo al pueblo?».
Getty ImagesPreguntado en una conferencia de prensa esta semana por qué merece mantener su puesto tras el incendio, John Lee eludió la pregunta y, en cambio, prometió responsabilizar a «cualquiera que se atreva a sabotear» los esfuerzos de ayuda.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno ha dimitido ni ha sido arrestado por el incendio. Las 15 personas arrestadas bajo sospecha de homicidio involuntario son jefes o empleados de empresas constructoras, mientras que otras seis detenidas son contratistas de equipos contra incendios.
Además, una mujer ha sido arrestada por intentar sacar provecho de la crisis utilizando una campaña de recaudación de fondos falsa.
Algunos residentes también han criticado la decisión de proceder con las elecciones del Consejo Legislativo, en un momento en que la ciudad está de luto. Solo los «patriotas» pro-Beijing pueden presentarse a las elecciones que se celebrarán el domingo.
«Creo que falta respeto», dijo Trent Huang, de 37 años, a la agencia de noticias Reuters. «Realmente no creo que nada más deba ser prioritario que rendir homenaje y asegurarse de que todas las víctimas y las personas afectadas estén bien atendidas».
