Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional irrumpieron en la residencia de la representante Ilhan Omar en Washington el 12 de octubre de 2026. La medida ocurrió en medio de una investigación federal sobre su naturalización y registros migratorios. Su defensa la calificó de intimidación política a pocas semanas de las elecciones de mitad de periodo.
Exigen la devolución de bienes incautados en Washington
Abogados que representan a la congresista enviaron una carta formal a los fiscales federales. Exigen la devolución inmediata de todas las pertenencias confiscadas durante la inspección realizada en su domicilio a principios de semana.
La requisa fue ejecutada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional bajo una orden emitida por un juez federal. Se centra en averiguar cómo obtuvo su ciudadanía estadounidense tras llegar al país desde Somalia hace décadas.
La intervención federal desató una rápida respuesta de la oficina legislativa de la demócrata por Minnesota. Ella cumple su cuarto mandato en la Cámara de Representantes.
Investigan el proceso de naturalización del año 2000
La investigación apunta directamente al expediente de inmigración familiar. La familia de Omar llegó a Estados Unidos como refugiados en 1995. Habían pasado años en campos de refugiados en Kenia después de emigrar de Somalia debido a la guerra civil.
La congresista obtuvo la ciudadanía en 2000 a los 17 años. Se amparó en una disposición legal que permitía la naturalización de menores cuando sus padres eran naturalizados.
Los investigadores federales examinan ahora si su difunto padre, Nur Omar Mohamed, omitió o falseó información en los formularios presentados. La hipótesis de los fiscales busca demostrar que la legisladora tenía 18 años y no 17 en el momento del trámite. Eso invalidaría aquella vía de obtención.
Por su parte, la defensa y los registros mantenidos por la oficina de Omar sostienen que nació en 1982. Críticos han señalado que su fecha de nacimiento figuraba originalmente como 1981 en archivos públicos de Minnesota.
Escalan las demandas de denaturalización y campaña
El caso ocurre durante una campaña impulsada por el Departamento de Justicia para incrementar los procesos de revocación de ciudadanía en Estados Unidos. Informes del Migration Policy Institute detallan que los procedimientos de denaturalización solían promediar unos 11 casos anuales. Esa cifra ha escalado de forma notable durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Especialistas legales consultados señalan que despojar a una persona de su ciudadanía naturalizada constituye un proceso judicial extraordinariamente complejo y riguroso. Expertos recuerdan que incluso en un hipotético escenario de denaturalización, la deportación inmediata no está garantizada. El afectado podría revertir a ser un residente permanente.
Defensa denuncia vulneración de directrices electorales
Mientras el Departamento de Justicia ha evitado emitir comentarios públicos detallados sobre el contenido de la pesquisa, el Departamento de Seguridad Nacional también guardó silencio. La exigencia legal presentada por el equipo jurídico de la congresista subraya la urgencia de recuperar dispositivos electrónicos y documentos personales vitales. Entre ellos figuran el teléfono móvil, el ordenador portátil y el pasaporte que le fueron incautados durante el registro del domicilio.
Los abogados de la legisladora sostienen que la actuación de las autoridades vulnera directrices internas del Departamento de Justicia. Estas prohíben llevar a cabo investigaciones de esta naturaleza en las semanas previas a unas elecciones para evitar la apariencia de intervención política.
Los votantes acudirán a las urnas en el distrito de Minnesota a menos de un mes de que finalice el plazo electoral.
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