Timmy G. Robinson Jr., fundador y expropietario de Addiction Recovery Care (ARC), la compañía de tratamiento de adicciones más grande de Kentucky, fue imputado este jueves por un gran jurado federal bajo cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Robinson, de 50 años, ha renunciado a su cargo como CEO de la organización, según confirmó la portavoz de la empresa, Vanessa Keeton.
¿De qué se le acusa a Timmy G. Robinson Jr.?
La acusación, presentada en el Distrito Este de Kentucky, sostiene que Robinson orquestó un esquema para enriquecerse ilegalmente mediante la venta fraudulenta de créditos fiscales del IRS a dos empresas distintas. Según el pliego acusatorio, el exejecutivo vendió los derechos de un mismo crédito fiscal en dos ocasiones diferentes, ocultando la transacción inicial al segundo comprador.
En julio de 2025, Robinson vendió los derechos del primer crédito fiscal a una compañía de préstamos por 2.7 millones de dólares. Posteriormente, en noviembre, repitió la operación con un segundo comprador, recibiendo otra transferencia de 2.7 millones de dólares por el mismo crédito ya comprometido. Cuando el IRS emitió los reembolsos por los créditos de retención de empleados (ERC) en diciembre, Robinson habría dirigido el uso de esos fondos hacia otros costos operativos y deudas de ARC en lugar de cumplir con sus obligaciones contractuales.
Por estos delitos, Robinson enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares, o el doble de la ganancia o pérdida obtenida, por el cargo de fraude electrónico. Los cargos por lavado de dinero conllevan penas adicionales de hasta 10 años de prisión cada uno.
La postura de la defensa y la situación de ARC
Kent Wicker, abogado de Robinson, calificó la imputación como una sorpresa vinculada a una disputa civil pendiente con inversionistas. «El señor Robinson no defraudó a nadie, no obtuvo nada de la transacción en cuestión y no ha hecho más que brindar atención de alta calidad durante más de una década a miles de habitantes de Kentucky», afirmó Wicker en un comunicado enviado a Lexington Herald-Leader y ProPublica.
El conflicto legal se intensificó este año cuando empresas como Angelica Capital Trust, con sede en las Bahamas, demandaron a ARC alegando que la compañía retuvo ilegalmente más de 8 millones de dólares. Según las demandas, ARC habría evitado pagar a sus acreedores para financiar un acuerdo preliminar de 28 millones de dólares con el Departamento de Justicia relacionado con acusaciones de fraude a Medicaid.
Desde julio de 2024, ARC se encuentra bajo investigación del FBI por presunto fraude a Medicaid. En abril, reportes del Lexington Herald-Leader y ProPublica revelaron testimonios de exempleados y clientes que alegaron haber sido presionados para realizar facturaciones falsas. En aquel momento, la empresa negó haber facturado a Medicaid de manera fraudulenta o haber alentado la falsificación de registros.
A pesar de la salida de su fundador, la portavoz Vanessa Keeton aseguró que ARC mantiene sus operaciones normales. «Todas nuestras instalaciones, programas y servicios permanecen abiertos y en pleno funcionamiento», declaró Keeton, añadiendo que el personal clínico y de liderazgo continúa enfocado en brindar atención a las familias que sirven.
