Un juez federal estadounidense dictaminó el 27 de agosto de 2026 que la administración de Donald Trump actuó ilegalmente al incluir a la empresa de inteligencia artificial Anthropic en una lista negra de seguridad nacional, calificando la medida como represalia inconstitucional por críticas públicas.
La decisión judicial emitida por la jueza federal Rita Lin del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California anula la directiva del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que designaba a los creadores de los modelos Claude como un supply chain risk o riesgo para la cadena de suministro, un estatus previamente reservado para firmas extranjeras. El fallo, contenido en una orden de 59 páginas, subraya que las medidas impuestas contra la compañía fueron arbitrarias, caprichosas y carentes de base fáctica, según el análisis de la magistrada.
La orden de la jueza Rita Lin contra la inclusión de Anthropic en la lista negra
El conflicto legal se originó cuando la administración intentó renegociar contratos con los principales laboratorios de inteligencia artificial para permitir el uso militar de la tecnología sin restricciones. Mientras otras empresas aceptaron las condiciones, Anthropic estableció límites específicos: prohibir el uso de sus sistemas en armas autónomas y en la vigilancia. La disputa comenzó después de que Anthropic se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus modelos de inteligencia artificial para armas autónomas y vigilancia doméstica.
Ante la negativa de la compañía a ceder en estos puntos, el Departamento de Defensa emitió un ultimátum y posteriormente aplicó una etiqueta de riesgo de seguridad. La decisión bloqueó el acceso de Anthropic a contratos gubernamentales y barrió a la compañía de trabajar con el gobierno de EE. UU., tal como informó The New York Times. El fallo de la jueza Rita F. Lin hace permanente la suspensión temporal de sanciones ordenada por la jueza en marcha y toma efecto inmediatamente, aunque el gobierno puede apelar.
La jueza Rita Lin, del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, declaró que la invocación vacía de la seguridad nacional no constituye un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno.
La magistrada determinó que esta sanción violaba los derechos de la empresa protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, y añadió que Anthropic fue denegada de las protecciones procesales requeridas bajo la Quinta Enmienda. El fallo judicial señala directamente que las acciones del gobierno constituyeron un castigo ilegal por actividades expresivas protegidas constitucionalmente tras hablar públicamente sobre cómo debe usarse su tecnología, un acto calificado como represalia ilegal por la jueza Rita F. Lin en su decisión del Distrito Norte de California.
Reacciones corporativas y el litigio pendiente en Washington
Tras conocerse la sentencia, la compañía tecnológica emitió una postura oficial. La empresa fundada en 2021 expresó su satisfacción con el dictamen judicial y ratificó su disposición para colaborar con las autoridades en materia de defensa nacional. La administración de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario según el reporte, y el caso fue reportado también por medios como NPR y MarketWatch tras la actualización de agosto de 2026.
Desde Anthropic, un portavoz de la empresa señaló que celebran el fallo del tribunal que determinó que esta designación de riesgo para la cadena de suministro era ilegal, y añadió que siguen enfocados en trabajar de manera productiva con el gobierno para aprovechar la inteligencia artificial en pro de su seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología.
A pesar del revés judicial para la administración en este proceso, la disputa legal continúa en Washington, D.C., y la empresa permanece clasificada como un riesgo para la cadena de suministro hasta su conclusión. La demanda presentada en marzo en un tribunal de distrito de California marcó un hito en esta batalla de meses de duración contra la administración de Trump, a pesar de que el Departamento de Defensa argumentó previamente tras fallidas negociaciones sobre el uso de su tecnología de inteligencia artificial que la compañía constituía una amenaza a la seguridad nacional.
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