Un juez federal estadounidense ordenó al Departamento de Justicia revelar el contenido censurado de los archivos del caso de Jeffrey Epstein o justificar la supresión de documentos. La medida judicial responde a una demanda de la periodista Katie Phang y exige transparencia sobre correos electrónicos que mencionan abusos y menores de edad.
El Departamento de Justicia de EE. UU. enfrenta una fecha límite impuesta por la judicatura para aclarar la censura mantenida en los documentos oficiales sobre la red de tráfico del financiero Jeffrey Epstein. La decisión judicial exige desclasificar fragmentos previamente ocultos o argumentar los motivos legales de su bloqueo en los registros públicos.
La orden del juez Emmet Sullivan sobre los archivos ocultos
El juez federal estadounidense Emmet Sullivan fijó un plazo límite para que el Gobierno de Donald Trump cumpla con la entrega de los contenidos tachados, según los informes difundidos. La instrucción judicial responde de manera directa a una acción legal impulsada por la periodista independiente Katie Phang, quien sostiene que la administración federal ha mantenido bajo reserva información esencial que el público tiene derecho a examinar.
Entre los pasajes que la fiscalía había mantenido ocultos figuran comunicaciones electrónicas de carácter grave. La resolución judicial especifica que la censura gubernamental afectaba al menos ocho intercambios de correos electrónicos con el Sr. Epstein sobre un video de tortura y actividad sexual con mujeres jóvenes, incluidas menores de edad.
Exigen explicaciones sobre la gestión de documentos y la identidad de las víctimas
Además de los correos electrónicos vinculados al empresario, la orden judicial estipula que el Departamento de Justicia debe divulgar una entrevista censurada en la que una mujer relata haber sufrido abusos por parte de Donald Trump cuando era menor de edad. Asimismo, el tribunal ordenó la publicación de un registro detallado que desglose cada una de las secciones suprimidas dentro del compendio documental.
La gestión gubernamental de los expedientes ha sido objeto de señalamientos críticos previos. En febrero de ese mismo año, la dependencia federal retiró temporalmente de su portal web miles de folios relacionados con la causa tras detectarse que la exposición de datos vulneraba la privacidad de las afectadas. Abogados representantes de las sobrevivientes advirtieron entonces que las deficiencias técnicas en la edición y anonimización de los archivos trastocaron la estabilidad de casi un centenar de víctimas.
El origen legislativo y el volumen de la investigación federal
La publicación masiva de estos antecedentes responde a una directiva aprobada de forma unánime por ambas cámaras del Congreso estadounidense, la cual obligó al organismo de justicia a liberar los expedientes vinculados a las pesquisas sobre Epstein y su fallecimiento en 2019, ocurrido mientras se encontraba bajo custodia federal a la espera de juicio.
Desde diciembre pasado, las autoridades han liberado millones de registros, abarcando correspondencia electrónica y material gráfico obtenido en las pesquisas federales. No obstante, una parte sustancial de esos archivos ha permanecido inaccesible debido a los recortes de censura administrativa que ahora el tribunal busca revertir o justificar formalmente.
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