El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a cinco cadenas de televisión nacionales para determinar si su suspensión temporal de la cobertura del pool presidencial infringió las leyes antimonopolio tras el veto de la Casa Blanca a tres medios de comunicación.
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia examina la decisión conjunta adoptada el mes pasado por ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News, cuando suspendieron brevemente su cobertura rotativa de los actos del presidente Donald Trump como protesta institucional.
Investigan la suspensión conjunta del pool
Las cinco cadenas forman el denominado pool de televisión, el mecanismo de cooperación mediante el cual se turnan para grabar y distribuir imágenes, sonido y transcripciones oficiales a todos los medios del país en aquellos actos presidenciales donde el espacio o la seguridad restringen el acceso general.
El detonante ocurrió el 18 de septiembre, cuando la administración vetó la acreditación y el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS Now y Politico. En respuesta al veto presidencial, las cadenas interrumpieron momentáneamente la cobertura del pool, lo que redujo temporalmente la transmisión a las señales institucionales de la propia Casa Blanca.
Las dudas sobre la base jurídica y el trasfondo de las tensiones con los medios
Especialistas y observadores señalan que la base jurídica de la investigación antimonopolio podría enfrentar obstáculos legales sólidos, debido a que las cadenas de televisión han coordinado la cobertura rotativa del pool durante décadas sin que ningún organismo gubernamental haya cuestionado previamente el proceso.
Las agencias de noticias, la prensa escrita y otros medios tradicionales participan de forma habitual en los sistemas de cobertura coordinada para garantizar un registro público de las actividades institucionales en instituciones clave como la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.
Hasta el momento, los directivos de las cadenas sometidas a escrutinio no han emitido comentarios públicos detallados sobre el requerimiento del Departamento de Justicia, mientras los tribunales continúan evaluando los recursos pendientes relativos a las restricciones de acceso y a la protección constitucional de la labor periodística.
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