La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, justificó sus frecuentes viajes en aviones privados argumentando motivos familiares y asegurando que no se utilizaron recursos públicos, tras una investigación periodística que vinculó estas aeronaves con una empresa proveedora de servicios de seguridad para su administración.
La relación entre el gobierno de Mara Lezama y el proveedor aeronáutico
Las operaciones de transporte aéreo utilizadas por la titular del Ejecutivo estatal han quedado bajo el escrutinio público a raíz de una investigación detallada elaborada por POPLab y CONNECTAS. El informe documenta que la mandataria ha empleado aeronaves tipo Gulfstream G200, identificadas con las matrículas XA-PKR y XA-GLF, tanto en su etapa como alcaldesa de Cancún como durante su gestión actual como gobernadora, periodo que abarca de diciembre de 2018 a diciembre de 2025.
Los aparatos son operados por la empresa PABE-TAX, una compañía de taxi aéreo con centro de operaciones en el Aeropuerto de Toluca que funciona como la división aérea del conglomerado empresarial Seguritech Privada. La conexión central radica en que Seguritech presta servicios al gobierno de Lezama en la operación de sistemas de seguridad, un vínculo corporativo y contractual que ha despertado cuestionamientos sobre la cercanía entre los contratistas gubernamentales y la administración pública.
Documentos públicos revelados por POPLab y CONNECTAS, consultados por Grupo REFORMA, indican que Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés fungen como representantes tanto de Grupo Seguritech como de Pabe-Tax. Entre ellos, René Bustos, nacido el 19 de mayo de 1972 y ostentándose como licenciado según datos del Registro Público de Comercio, firmó como apoderado de Seguritech un contrato de 744 millones de pesos con el Gobierno de Guanajuato el 26 de marzo del 2024.
La justificación oficial y el debate sobre los costos de traslado
Ante los cuestionamientos sobre el financiamiento de sus desplazamientos hacia destinos frecuentes como Vail —cuyos costos tienen un costo de hasta 800 mil pesos, como lo documentó REFORMA—, la mandataria estatal defendió la legalidad de sus actos y rechazó el uso de erarios públicos. La Gobernadora morenista de Quintana Roo justificó sus frecuentes viajes al extranjero en aviones privados con el argumento de que fueron de carácter familiar y que no se pagaron con dinero público.
«Derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al cien por ciento, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público», señaló.
La controversia escaló a la esfera federal cuando, previamente en su mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Gobernadora de Quintana Roo explicar si utilizó aeronaves privadas, quién cubrió los traslados y bajo qué condiciones, tras la publicación de viajes con familiares y el Senador Eugenio Gino Segura. En respuesta a los señalamientos, Lezama aseguró que no ha compartido vuelos privados con Gino Segura.
Contraste financiero y la discusión sobre la ética gubernamental
El centro de la discusión pública gira en torno a la discrepancia económica entre los altos costos que implican los vuelos chárter en aeronaves ejecutivas y el salario percibido en el servicio público. Con un sueldo de Gobernadora que es de 102 mil pesos netos, los gastos asociados a traslados frecuentes como los viajes a Vail por hasta 800 mil pesos no podrían solventarse con dicho salario, lo que mantiene abierto el debate sobre la transparencia institucional y los límites éticos en las relaciones entre funcionarios y corporaciones privadas en el entramado de las operaciones gubernamentales.
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