La Corte Suprema de Justicia deberá definir qué tribunal investigará las causas por presunta defraudación y lavado de dinero contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El conflicto de competencia lleva ocho meses de idas y venidas entre fueros federales, de instrucción y penales económicos.
La disputa por el expediente de la quinta de Pilar y el rol de Casación
El máximo tribunal del país se encarga de resolver un intrincado laberinto de competencias que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad deportiva busca concentrar todas las investigaciones en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Esa estrategia sumó un respaldo reciente cuando los jueces de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, decidieron remitirle a Charvay el expediente sobre la compra de una quinta en Pilar.
Dicha propiedad se encuentra bajo sospecha en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Las investigaciones apuntan a que el inmueble pertenecería al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque figura formalmente a nombre de un monotributista y una jubilada que habrían actuado como testaferros. Ante este escenario, el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, interpondrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema antes del vencimiento del plazo fijado para el 31 del corriente mes.
El rechazo en el fuero Penal Económico y el cambio de domicilio cuestionado
Paralelamente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante frenó otro intento de centralizar los expedientes en la jurisdicción bonaerense. Amarante calificó el traslado formal de la sede social de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires hacia el partido de Pilar como una mera formalidad y ficción jurídica
. El magistrado rechazó un pedido formulado por el juez González Charvay para absorber una causa contra Claudio Chiqui
Tapia y Toviggino por el presunto lavado de fondos de la entidad en el exterior.
El titular del juzgado en lo Penal Económico sostuvo que los hechos investigados muestran una total desvinculación con la jurisdicción de Campana
y remarcó que las maniobras ocurrieron en la Capital Federal.
La denuncia por contratos internacionales y el rol del procurador Casal
El máximo tribunal también tiene en su poder el expediente originado en la denuncia del empresario Guillermo Tofoni por un presunto desvío de fondos vinculado con la comercialización de la selección nacional. La causa gira en torno a operaciones con la firma Tour ProdEnter LLC, controlada por Erica Gillette y su esposo, el productor teatral Javier Faroni. La facturación total bajo pesquisa ronda los 260 millones de dólares, con sospechas sobre un desvío estimado en unos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.
Ese expediente llegó a la Corte Suprema remitido por la Cámara del Crimen, con el voto del juez Ignacio Rodríguez Varela, quien calificó de llamativa
la pretensión de llevar al conurbano bonaerense las causas de una entidad administrada en el centro porteño. Actualmente, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, prepara su dictamen antes de que el máximo tribunal determine si la investigación por defraudación debe permanecer en la justicia ordinaria de instrucción a cargo de la jueza Paula Petazzi.
Implicancias institucionales y el futuro de las causas
Mientras el máximo tribunal evalúa los recursos extraordinarios y las definiciones de competencia, múltiples juzgados de instrucción, penales económicos y federales continúan disputándose las actuaciones sin que la investigación sobre el fondo de las denuncias avance con firmeza.
Sigue leyendo