La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió el jueves una opinión en el caso FS Credit Opportunities v. Saba Capital Master Fund que ha reavivado las dudas sobre la consistencia jurídica del tribunal respecto a las «causas de acción implícitas». La decisión, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, omite cualquier referencia al fallo de 2025 en Medina v. Planned Parenthood, a pesar de que ambos casos abordan criterios legales similares sobre el derecho de los ciudadanos a demandar bajo leyes federales.
¿Qué son las causas de acción implícitas?
Según la opinión de la jueza Amy Coney Barrett en FS Credit, la responsabilidad de definir quién puede hacer cumplir la ley recae en el Congreso y no en el Poder Judicial. Una «causa de acción implícita» ocurre cuando un derecho a demandar se deriva del texto legal, aunque la ley no lo establezca de manera explícita.
Antes de Medina, el estándar legal estaba determinado por el precedente Gonzaga University v. Doe (2002), el cual establece que para que una ley cree derechos privados, su texto debe estar redactado en términos de las «personas beneficiadas». El tribunal reafirmó esta postura en el caso Health and Hospital Corporation v. Talevski (2023), exigiendo un lenguaje centrado en el individuo y un enfoque claro en la clase beneficiada.
La divergencia entre Medina y FS Credit
En Medina v. Planned Parenthood (2025), el tribunal bloqueó la capacidad de los pacientes para demandar a Carolina del Sur por violaciones a la ley de Medicaid. El juez Neil Gorsuch, en su opinión mayoritaria, no citó el estándar de Gonzaga, pareciendo introducir una nueva regla que exige el uso de la palabra «derecho» para habilitar demandas. Esta interpretación dejó sin efecto una ley que permitía explícitamente a los pacientes elegir a su proveedor de salud, incluyendo a Planned Parenthood.
Por el contrario, el fallo del jueves en FS Credit vuelve a adoptar el marco de Gonzaga, citando explícitamente que los estatutos crean derechos privados cuando están «redactados en términos de las personas beneficiadas». La ausencia de menciones a Medina en la nueva opinión ha generado cuestionamientos sobre la aplicación desigual de estas normas cuando están involucrados proveedores de servicios de aborto.
¿Existen diferencias técnicas que justifiquen el trato dispar?
Aunque el caso Medina involucró un programa de gasto federal (Medicaid) y una demanda bajo la Sección 1983, los precedentes previos contradicen que esto sea una excepción válida. En Talevski, el tribunal rechazó específicamente la idea de que los programas de gasto federal estuvieran exentos de las reglas de Gonzaga. Asimismo, Gonzaga fue, en su origen, un caso bajo la Sección 1983, lo que sugiere que la exclusión aplicada en Medina no tiene un fundamento claro en la jurisprudencia establecida.
La falta de una explicación por parte de la Corte sobre por qué Medina no se alinea con el estándar reafirmado en FS Credit refuerza las críticas sobre la falta de coherencia judicial. Como señaló el juez Antonin Scalia en un ensayo de 1989, el tribunal debe constreñirse a sí mismo mediante reglas generales para evitar que las preferencias políticas o ideológicas dicten los resultados de los casos.
