“No es necesario mantener un falso suspense, vamos a solicitar que se confirme ampliamente la responsabilidad penal reconocida en primera instancia, y, por supuesto, se solicitarán penas de inhabilitación”, declaró el fiscal general Thierry Ramonatxo al inicio de una requisitoria que se espera dure cerca de seis horas.
El fiscal general repasó el clima desfavorable que rodea este caso desde la denuncia ante el Parlamento Europeo en 2014, un procedimiento prolongado por una “defensa colectiva, marcada por una fuerte contestación”, con “hasta 45 recursos” presentados por la defensa.
Esta confrontación culminó en amenazas contra los jueces de primera instancia, quienes condenaron el 31 de marzo a Marine Le Pen a cuatro años de prisión, de los cuales dos serían de cumplimiento efectivo, y a una multa de 100.000 euros, pero, sobre todo, a cinco años de inhabilitación con efecto inmediato.
“Cúspide de exigencia”
“Se ha recurrido a la estrategia de deslegitimación de los poderes públicos, y aquí de la justicia, cuyo objetivo sería impedir el acceso de una líder de partido a los más altos cargos del ejecutivo”, lamentó Thierry Ramonatxo.
Sin embargo, “sostener que la justicia podría oponerse a la voluntad del pueblo soberano es inexacto, ya que se olvida que el juez es el guardián de la ley y simplemente la aplica”, declaró el fiscal general, aunque señaló que los debates en apelación se desarrollaron en “un clima más sereno”.
Se imputa a Marine Le Pen, al Rassemblement National (anteriormente llamado Front National) y a diez otros altos cargos el pago, entre 2004 y 2016, de salarios a empleados del partido, que atravesaba dificultades financieras debido a malos resultados electorales, utilizando fondos del Parlamento Europeo.
De los 25 condenados en primera instancia el año pasado, la mitad apeló la sentencia.
Solo una posible pena de inhabilitación inferior a dos años, y la ausencia de una condena al uso de un brazalete electrónico, considerado incompatible con la posibilidad de hacer campaña, permitiría a Marine Le Pen vislumbrar un futuro político. El tribunal de apelación dictará su decisión “antes del verano”.
“Las funciones electivas no son un refugio contra la ley, sino una cúspide de exigencia”, advirtió, a su vez, el otro fiscal general, Stéphane Madoz-Blanchet.
“Zona prohibida”
El martes por la mañana, los abogados del Parlamento Europeo, como parte civil, denunciaron en sus alegatos la “confianza (del Parlamento en los diputados) traicionada durante años, por varios millones de euros”, así como la de “los contribuyentes de la Unión Europea”.
“(Bruno) Gollnisch mismo nos dirá que no hay un sistema, hay una organización. El Sr. Gollnisch piensa que la palabra +organización+ es más elegante que la palabra +sistema+”, se burló uno de los abogados de la institución, Me Patrick Maisonneuve.
Criticando el “posicionamiento de fachada” de los acusados en la audiencia, quienes destacaron “zonas grises” en las normas del Parlamento Europeo sobre el empleo de asistentes parlamentarios, su otra abogada, Me Bérénice de Warren, observó ante el tribunal que “esto no es en absoluto la realidad de todos los casos que se les han presentado”.
“No estamos en una zona gris, estamos en zona prohibida”, sentenció.
Los debates sobre el fondo, concluidos el lunes, confirmaron el funcionamiento, por decir lo menos, caótico del partido y de sus eurodiputados en relación con estos “asistentes”.
El 21 de enero, al término de su interrogatorio de trece horas que comenzó el día anterior, resumió: “¿Estaba relacionado con la desorganización (del partido)? Tal vez. ¿Sintieron algunos o todos que estaban cometiendo un delito? Estoy convencida de que no. ¿Cometió el partido un delito de forma intencional? Creo que no”.
Este juicio, “es un poco la teoría de la confitura: +Metí la mano en la confitura, pero nadie me dijo que era confitura+”, ironizó el martes por la mañana Me Maisonneuve.
© 2026 AFP
