Un juez de Nuevo México ordenó a Meta Platforms pagar una penalización civil de 25.000 millones de dólares tras un veredicto de un jurado que determinó que la empresa engañó sistemáticamente a los usuarios sobre la privacidad de sus datos y las políticas de moderación de contenidos en Facebook.
La multa multimillonaria y el fallo del juez Francis Mathew en Santa Fe
El juez del distrito de Santa Fe, Francis Mathew, emitió la orden judicial que fija la sanción histórica contra la compañía dirigida por Mark Zuckerberg. El proceso legal derivó del escándalo de Cambridge Analytica, una firma de consultoría política británica vinculada a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 que recopiló información personal de hasta 87 millones de usuarios de Facebook mediante una aplicación de terceros sin su consentimiento.
Según el fallo judicial de 20 páginas dictado por Mathew, la conducta de la empresa afectó el núcleo de sus prácticas comerciales. El juez señaló que la legislación estatal permitía imponer la pena más alta posible según la ley de prácticas injustas de Nuevo México, fijada en 5.000 dólares por cada infracción, lo que al multiplicarse por el número de violaciones equivalía a una cifra de 219.000 millones de dólares. Sin embargo, decidió reducir el monto final a 25.000 millones de dólares.
El juicio en solitario de Nuevo México frente a los acuerdos nacionales
Mientras que otros 48 estados de EE. UU. y dos territorios optaron por cerrar sus litigios pendientes con un acuerdo masivo de aproximadamente 18.000 millones de dólares alcanzado en agosto para resolver demandas sobre seguridad infantil y bienestar mental juvenil —el cual incluyó un pago de 459 millones de dólares por parte de Meta para cubrir multas de Cambridge Analytica y una cláusula para liberar a la empresa de futuras responsabilidades relacionadas con dicha filtración—, el estado de Nuevo México decidió llevar a la empresa a juicio por su cuenta. Además de Nuevo México, Florida fue el único otro estado que no firmó el pacto.
El juicio de dos semanas en el Primer Tribunal de Distrito Judicial de Nuevo México en Santa Fe se centró en evaluar la veracidad de declaraciones emitidas por la compañía. Los fiscales estatales argumentaron que las declaraciones engañaron a toda la población de Nuevo México y se extendieron más allá de los usuarios de redes sociales. El caso se originó a partir de una demanda interpuesta en 2021 por el entonces fiscal general Hector Balderas, mientras que el actual fiscal general Raúl Torrez supervisó el juicio correspondiente.
El jurado determinó que Meta cometió más de 43 millones de violaciones a las leyes de protección al consumidor del estado, tras hallar que la empresa incurrió en declaraciones engañosas y al computar 2,1 millones de infracciones en determinados cargos vinculados a la audiencia expuesta.
La mala conducta de Facebook, a lo largo de los años y transmitida sistemáticamente al público, va al corazón de las prácticas comerciales básicas de Facebook.
Juez Francis Mathew, Tribunal del Distrito de Nuevo México
Reacciones y posturas encontradas entre la fiscalía y la defensa corporativa
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la decisión judicial como uno de los más grandes, si no el más grande veredicto estatal contra una empresa en la historia de Estados Unidos
, añadiendo que la legislación local permite que la totalidad de los fondos recabados se destinen al sistema escolar del estado. Durante las audiencias de octubre, la abogada de la parte demandante, Randi McGinn, había solicitado que el tribunal impusiera una sanción de entre 35.000 millones y 40.000 millones de dólares, afirmando ante el juez que el tribunal debía hablarle a Meta en el único idioma que entiende, que es el dinero y el valor de su cotización bursátil, para frenar a los gigantes tecnológicos que se sienten intocables.
Por su parte, los representantes legales de la empresa tecnológica rechazaron de forma tajante el fallo y confirmaron sus intenciones de recurrir la decisión ante instancias superiores. El director jurídico de Meta, C.J. Mahoney afirmó que el fallo imposibilita hacer negocios en el estado y constituye un impuesto a la libertad de expresión. Paralelamente, la compañía con sede en Menlo Park, California, reportó sus resultados financieros trimestrales un miércoles por la tarde, registrando un incremento en el valor de sus acciones del 2% tras el anuncio de la multa, al tiempo que afrontaba un impacto en sus ingresos operativos debido a los costos legales de 10.000 millones de dólares vinculados al acuerdo sobre salud mental juvenil.
En esencia, esta demanda busca imponer un impuesto a la libertad de expresión para hacer cumplir nuevas reglas sobre lo que la gente puede decir en línea. Confiamos en que prevaleceremos en la apelación.
C.J. Mahoney, Director Jurídico de Meta
Los abogados defensores, incluyendo al litigante Matt Nicholson, habían argumentado previamente en el tribunal que una suma tan elevada como 40.000 millones de dólares resultaba impactante para la conciencia, solicitando limitar la sanción a un máximo de 3.450 millones de dólares y advirtiendo que cualquier monto superior violaría el debido proceso constitucional. No obstante, el tribunal avanzó con la penalización, mientras la empresa argumentó que el estado no logró demostrar que sus declaraciones hubieran perjudicado efectivamente a los residentes locales.
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