La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que amplía el mandato presidencial a siete años y prohíbe participar en cargos públicos a la oposición, denominada por el oficialismo como traidores a la patria, en un proceso impulsado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Parlamento de Nicaragua y Daniel Ortega y Rosario Murillo
El Parlamento de Nicaragua, bajo control absoluto del oficialismo, dio el primer paso legislativo para blindar un cambio radical en la arquitectura política del país. La reforma constitucional aprobada este martes establece que el mandato presidencial pasará de seis a siete años y aplicará de forma directa para los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y los jefes del Ejército y de la Policía, según los detalles difundidos por la agencia EFE. La enmienda, respaldada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, superó su primera votación en la Asamblea Nacional este martes (01.09.2026).
Una sesión especial en León y el cerco legal a los opositores
Gustavo Porras y la Sesión Especial en León
La enmienda constitucional recibió luz verde a mano alzada y por unanimidad durante una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, ubicada a 90 kilómetros al noroeste de Managua. Gustavo Porras, presidente del órgano parlamentario, confirmó el resultado de la votación al declarar ante los asistentes Aprobadas de forma unánime
, tras la votación general del articulado en una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, 90 km al noroeste de Managua, la capital del país. El texto aprobado modifica el artículo 47 para vetar de forma definitiva a los críticos del Ejecutivo.
La disposición legal prohíbe ser candidatos a cargos de elección popular o ejercer puestos públicos a los traidores a la patria
, una calificación que el Estado ha aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre los cuales figuran personalidades de la cultura como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Tampoco podrán ser candidatos ni ejercer cargos «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado».
Asimismo, la normativa abarca a «los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que insisten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos». También quedan excluidos quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política, según el texto, y las personas que incurran en estas prohibiciones tampoco podrán integrar junta directiva de partido u organización política alguna.
El impacto en los plazos electorales y la reacción internacional
Daniel Ortega y Rosario Murillo
La modificación constitucional altera sustancialmente el calendario de instituciones y cargos de elección popular. La reforma extiende los mandatos de los copresidentes y de otros funcionarios electos, así como de los jefes del ejército y la policía, de seis a siete años. Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
Esta decisión profundiza las tensiones diplomáticas de Managua con distintos gobiernos de la región. Varios países centroamericanos, así como Bolivia, Brasil y Chile, criticaron el anuncio de Ortega, considerándolo un nuevo retroceso democrático, mientras que Estados Unidos instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense y Panamá retiró a su embajador de Managua.
El camino legislativo pendiente y la postura del oficialismo
Rosario Murillo Anuncia Segunda Votación
Para que la reforma adquiera plena vigencia jurídica dentro del sistema nicaragüense, la ley nicaragüense exige que los cambios constitucionales sean aprobados en dos sesiones legislativas distintas antes de entrar en vigor. Rosario Murillo anunció el lunes que la enmienda será ratificada en una segunda votación a partir del 18 de enero, debiendo ser aprobada en la actual y la próxima legislatura (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.
El contexto político interno se encuentra marcado por declaraciones previas del propio mandatario. El 19 de julio, Ortega declaró públicamente que no habrá más elecciones
en Nicaragua para evitar que la oposición «tome el poder» de nuevo. Dirigentes opositores en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.
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