San Diego, California – La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, realizó una visita a San Diego el jueves con el objetivo de destacar los resultados en la incautación de drogas logrados durante la administración Trump. Entre los puntos clave, Noem enfatizó una supuesta disminución del 56% en el contrabando de fentanilo a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
La secretaria ofreció una conferencia de prensa en el puerto de entrada comercial de Otay Mesa, en un ambiente tenso marcado por las sirenas y las protestas de decenas de manifestantes que condenaban las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Acompañando a Noem se encontraba Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva adjunta interina de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, quien declaró: “Estamos ganando la lucha contra el fentanilo”.
Noem informó que durante su visita recorrió una bóveda que contenía 84,000 kilos de drogas ilícitas incautadas por la CBP en el área de San Diego. El botín incluía 45,000 kilos de metanfetamina, 26,000 kilos de cocaína y 3,400 kilos de fentanilo. “Gracias a su labor, se han salvado 1,700 millones de vidas”, afirmó.
El jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Michael Banks, también presente en la conferencia, elogió las políticas de la administración Trump para asegurar la frontera. Según Banks, estas políticas han permitido a los agentes federales concentrarse en tareas distintas al procesamiento de los migrantes. En el sector de San Diego, los encuentros con migrantes se desplomaron un 92% en el año fiscal 2025 en comparación con 2024.
“Ahora pueden enfocarse en la búsqueda de narcóticos y operar con el equipo y la tecnología que esta administración les ha proporcionado, lo que explica este aumento significativo en las incautaciones”, señaló Banks.
Noem también agradeció a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego por su colaboración en la interdicción de estas drogas antes de que lleguen a las calles y causen daño a los ciudadanos estadounidenses, no solo a los californianos. El asistente del sheriff, Kenneth Jones, también asistió a la conferencia.
La Oficina del Sheriff indicó que colabora con “múltiples componentes” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “para proteger a nuestras comunidades de amenazas como el tráfico de drogas, la trata de personas, el narcoterrorismo, los delitos cibernéticos, el tráfico de armas y la violencia transfronteriza”.
La visita de Noem desató protestas en San Diego. Numerosos manifestantes se congregaron frente a la conferencia de prensa para expresar su preocupación por las políticas migratorias de la administración Trump.
Vanessa Reyes, residente de Escondido e inmigrante, declaró que su objetivo era defender a aquellos que no tienen voz. “Alguien habló por mí, alguien defendió mis derechos, y ahora es mi deber apoyarlos”, dijo Reyes, quien se enteró de la protesta a través de las redes sociales.
Noem afirmó que respeta el derecho de los manifestantes a expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. “Considero que es algo maravilloso”, añadió.
Líderes demócratas y diversas organizaciones han solicitado la destitución de Noem tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good, perpetrados por agentes federales durante una operación migratoria a gran escala en Minneapolis el mes pasado.
El jueves, el Senado de Estados Unidos no logró aprobar un proyecto de ley para financiar el DHS, debido a la presión de los demócratas para imponer restricciones más estrictas a las operaciones de ICE.
Noem expresó su preocupación por la posible falta de financiación. “Es un mensaje equivocado”, dijo. “Insisten en que quieren afectar las operaciones de ICE, pero solo el 11% de ese presupuesto se destina a ICE”.
Líderes sindicales y activistas por los derechos de los inmigrantes se reunieron frente al Centro de Administración del Condado de San Diego para instar a los representantes del Congreso a que dejen de financiar el DHS.
También exigieron a los miembros del Congreso que implementen medidas de seguridad más rigurosas en las operaciones de control de inmigración, incluyendo la limitación del uso de la fuerza, la garantía de la independencia de las investigaciones criminales sobre ICE y el fin de la discriminación racial.
“Durante más de un siglo, las comunidades fronterizas han soportado el peso de la violencia y la impunidad de los agentes fronterizos. Las familias de San Diego han experimentado de primera mano las consecuencias del poder descontrolado de estos agentes”, declaró Lilian Serrano, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. “Ahora, bajo la administración Trump, la violencia y la impunidad se han extendido por todo el país”.
Serrano y otros oradores compartieron testimonios de padres y vecinos que han sido detenidos por agentes de ICE en las comunidades de San Diego, así como de aquellos que viven con miedo a las autoridades migratorias.
“Estamos creando un trauma generacional, no solo para los trabajadores que están siendo detenidos, sino también para sus hijos, quienes se preguntan cada día: ‘¿volverán mis padres a casa?’”, dijo Brigette Browning, presidenta del Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial.
Crystal Irving, presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 221, cuestionó el gasto del gobierno federal en el DHS, en contraste con los recortes en la financiación de los servicios sociales y de salud.
“Muchos de nuestros amigos y familiares ni siquiera saben qué van a cenar esta noche”, dijo Irving. “Sin embargo, hay más fondos disponibles para el DHS”.
Los miembros de la delegación demócrata del Congreso de San Diego han solicitado previamente estándares más estrictos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales de control de inmigración.
Cuando se le preguntó a Noem sobre la posibilidad de operaciones migratorias a gran escala en San Diego, respondió: “No quiero poner en riesgo a nuestros agentes del orden público revelando detalles de operaciones planeadas. Sin embargo, nuestro enfoque en el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la CBP se centra en operaciones dirigidas contra individuos específicos que representan una amenaza para la seguridad pública”.
El número de operativos de control migratorio en San Diego ha aumentado drásticamente en el último año. De enero a mediados de octubre, la oficina local de ICE en San Diego realizó 4,934 arrestos, en comparación con los 764 realizados en todo 2024, según datos obtenidos a través de una solicitud de información pública del Proyecto de Datos de Deportación y analizados por el Union-Tribune. La oficina local de San Diego abarca los condados de San Diego e Imperial.
Noem informó que ICE ha emitido órdenes de detención contra más de 33,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en prisiones y cárceles de California, y pidió al gobernador Gavin Newsom que las respete.
Si bien la Ley de Valores de California (SB 54) restringe la cooperación con los funcionarios federales de inmigración, permite a las agencias locales notificar al gobierno federal sobre las fechas de liberación y transferir a las personas a ICE cuando son condenadas por ciertos delitos.
La oficina de prensa del gobernador ha publicado repetidamente en X que “California coopera con ICE para deportar a criminales”.
Promulgada en 2018 durante la primera administración Trump, la SB 54 tenía como objetivo fomentar la confianza en las comunidades inmigrantes para que se sientan cómodas al denunciar delitos ante las autoridades.
La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego reiteró, después de la conferencia de prensa de Noem, que sus agentes no hacen cumplir la ley federal de inmigración y que sus acciones no violan la Ley de Valores de California.
“Es imperativo que no limitemos la cooperación policial para obtener beneficios políticos”, declaró la sheriff Kelly Martínez en un comunicado. “Nuestro trabajo en la frontera se centra en el crimen organizado transnacional que aterroriza a nuestras comunidades, punto”.
Martínez también dijo que apoya a las “comunidades a las que sirvo, incluyendo a los migrantes y sus familias”, y cree que “la mejor manera de mantener seguras a las comunidades es compartir información entre las agencias”.
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