Se ha aprobado una ley que establece sanciones pecuniarias agravadas para la difusión de información falsa o manipulada. La normativa, que fue originalmente propuesta durante la administración de Moon Jae-in, podría tener un efecto en las decisiones judiciales intermedias.
Sin embargo, la ley no incluye la derogación de las disposiciones relativas a la difamación basada en hechos veraces, una medida que había sido solicitada por el actual presidente. La aprobación de esta ley introduce un nuevo marco legal para abordar la desinformación y sus consecuencias, aunque sin contemplar todos los cambios deseados por el ejecutivo.
