A partir del 1 de enero, los trabajadores, jóvenes y consumidores de Virginia se beneficiarán de una serie de nuevas protecciones a nivel estatal. Entre los cambios más importantes se encuentra un aumento del salario mínimo, que pasará de 12,41 a 12,77 dólares la hora, así como un incremento de 52 dólares semanales en las prestaciones por desempleo.
En materia de salud, los costos de la atención preventiva se reducirán, ya que las aseguradoras ya no podrán cobrar cargos adicionales por los exámenes de detección de cáncer de mama y próstata. Además, la ley Malcolm, nombrada en memoria de Malcolm Kent, un joven de 17 años fallecido por una sobredosis de fentanilo no detectada, exigirá que los hospitales con departamentos de emergencia incluyan pruebas de fentanilo en los análisis de orina.
Se han aprobado nuevas medidas para proteger a los niños. Virginia prohibirá la venta de alimentos para bebés que contengan metales pesados como arsénico, plomo y mercurio en cantidades que excedan los límites establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. a partir de 2026. Asimismo, se limitará el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, requiriendo a las plataformas el uso de herramientas de verificación de edad para identificar a estos usuarios y restringir su tiempo de uso a una hora diaria, a menos que cuenten con el consentimiento de sus padres.
En el ámbito medioambiental, entrará en vigor un impuesto sobre las bolsas de plástico. Los minoristas cobrarán una tarifa de 5 centavos por bolsa, cuyos ingresos se dividirán entre el fondo medioambiental del estado y las localidades participantes para apoyar los esfuerzos de limpieza y promover alternativas reutilizables.
También se establecerán restricciones similares para los telemarketers, quienes solo podrán llamar a los residentes de Virginia entre las 8 a.m. y las 9 p.m., a menos que cuenten con su consentimiento. Deberán identificarse en las llamadas y mensajes de texto, y los residentes podrán solicitar que cesen las comunicaciones ya sea por teléfono o enviando un mensaje de texto con las palabras «unsubscribe» o «stop». Los telemarketers deberán cumplir con estas solicitudes durante un período de 10 años.
Finalmente, los tribunales deberán proporcionar mayor claridad a las personas condenadas por infracciones de tráfico o delitos, entregando un desglose detallado de todos los costos relacionados y los saldos pendientes cuando se les solicite.
