El 2 de septiembre de 2026, Access Fund y Patagonia reactivaron una demanda en un tribunal federal para impugnar la decisión del Gobierno de reducir el monumento nacional Bears Ears en un 91%. La medida gubernamental elimina protecciones en más del 80% de la zona de escalada de Indian Creek.
La batalla legal por el futuro de las tierras públicas en Utah escaló de manera formal cuando una coalición de organizaciones conservacionistas y marcas de ropa para actividades al aire libre retomó un litigio que llevaba años en pausa. La medida responde directamente a las proclamaciones firmadas en julio, las cuales redujeron drásticamente la superficie de Bears Ears y del monumento nacional Grand Staircase-Escalante en más del 90%, según informaron los reportes de la industria de la escalada.
La reducción drástica de Bears Ears y el impacto en Indian Creek
Antes de la proclamación de julio, el monumento nacional Bears Ears abarcaba 1.87 millones de acres. La orden del Ejecutivo redujo esa extensión a apenas 181,500 acres, mientras que Grand Staircase-Escalante pasó de 1.36 millones de acres a 121,100 acres, de acuerdo con los datos publicados sobre las superficies afectadas.
Este recorte masivo dejó fuera de las áreas protegidas a más del 80% de la emblemática zona de escalada de Indian Creek. Los grupos demandantes advierten que esta modificación en el estatus de las tierras públicas pone en riesgo directo a unas 1,200 rutas de escalada, las cuales ahora enfrentan la amenaza de contaminación visual, acústica y atmosférica debido al posible desarrollo de actividades extractivas como el gas, el petróleo y el uranio.
Reactivación de la demanda judicial y los argumentos legales
La coalición legal argumenta que la administración federal carece de la autoridad legal para revocar o reducir los límites de un monumento nacional establecido bajo la Ley de Antigüedades de 1906. Según la postura de los demandantes, dicha ley otorga a los presidentes la facultad de designar monumentos, pero la potestad de alterarlos o eliminarlos recae exclusivamente en el Congreso.
La demanda original se había presentado en 2017, cuando el Gobierno recortó inicialmente Bears Ears en un 85% y Grand Staircase-Escalante en un 47%. Aquel litigio quedó en suspensión en 2021, después de que la administración de Joe Biden restaurara los límites originales de los terrenos protegidos. Ahora, tras el nuevo decreto, los demandantes volvieron a los tribunales.
El recorte masivo del Monumento Nacional Bears Ears es ilegal y estamos orgullosos de luchar por el paisaje de Bears Ears, nuestros socios tribales, la escalada en Indian Creek, la Ley de Antigüedades y el futuro de las tierras públicas de Estados Unidos. Erik Murdock, director adjunto de programas, política y asuntos gubernamentales de Access Fund, en una entrevista difundida por medios especializados
La postura de las marcas y la oposición de los líderes de Utah
La participación de la empresa de indumentaria Patagonia ha sido central en la disputa judicial. Durante la primera controversia en 2017, la compañía adoptó una postura frontal contra la Casa Blanca y colocó en su sitio web institucional un mensaje en negritas que rezaba The President Stole Your Land
, según el historial de la disputa corporativa y legal.
En el recurso presentado ante el tribunal federal, los representantes legales de la marca destacaron el vínculo histórico de sus equipos de trabajo con el territorio.
Los empleados de Patagonia han visitado Bears Ears en numerosas ocasiones, incluidas aquellas áreas ahora despojadas de protección, para diversos fines que incluyen, entre otros, pruebas de productos, marketing, capacitación profesional, acondicionamiento físico, educación, recreación, disfrute espiritual y estético, y otros propósitos. Abogados de Patagonia en el escrito presentado ante la corte federal
Por otro lado, los líderes políticos de Utah y los partidarios de la medida gubernamental celebraron la decisión y argumentaron que las designaciones originales de los gobiernos demócratas constituían un abuso de la Ley de Antigüedades. Defensores locales como el legislador estatal republicano Mike Noel sostuvieron que las restricciones federales perjudicaban a las comunidades rurales del estado, limitando el uso tradicional de la tierra y el desarrollo económico local.
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