Periodistas surcoreanos recurren despidos injustificados de los años 70

by Editora de Noticias

Periodistas de Dong-a y Chosun solicitan revisión constitucional de despidos ocurridos hace 51 años

Un grupo de 59 personas, compuesto por periodistas de los diarios Dong-a Ilbo y Chosun Ilbo que fueron despedidos durante el régimen de Yushin en 1975, así como familiares de periodistas fallecidos, han presentado un recurso de revisión judicial (재판소원) ante el Tribunal Constitucional para revertir sentencias judiciales que validaron sus despidos.

Periodistas de Dong-a y Chosun solicitan revisión constitucional de despidos ocurridos hace 51 años

El anuncio se realizó este 14 de abril de 2026 durante una rueda de prensa celebrada en la sala de reuniones del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Medios, en el Centro de Prensa de Seúl. Los Comités de Lucha por la Libertad de Prensa de Dong-a (동아투위) y Chosun (조선투위) explicaron que el objetivo es corregir la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo la libertad de prensa y el derecho al trabajo.

Entre los solicitantes destacan figuras como Lee Bu-young, actual presidente del Comité de Dong-a; Kwon Young-ja, primera presidenta de dicho comité; el expresidente de la Asamblea Nacional, Lim Chae-jung, y Shin Hong-bum, presidente del Comité de Chosun.

En aquel entonces, los periodistas que lucharon contra la represión mediática del régimen de Park Chung-hee interpusieron demandas para anular sus despidos y suspensiones. Sin embargo, los tribunales fallaron en contra de los trabajadores en las tres instancias. La justicia argumentó en su momento que los despidos eran justificados, señalando que las sentadas y protestas de los periodistas eran incorrectas dada la «difícil situación financiera» de las empresas. Además, la Corte Suprema fue criticada por validar reglas de empleo modificadas unilateralmente por las compañías sin el consentimiento de la mayoría de los empleados.

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La posibilidad de buscar nuevamente un juicio legal después de medio siglo surge gracias a la implementación, el mes pasado, de un nuevo sistema de revisión judicial que garantiza el derecho de los ciudadanos a solicitar la anulación de sentencias judiciales firmes.

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