El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara el traslado de peligrosos capos de la extorsión a buques cárcel en el Caribe y el Pacífico. La iniciativa, inspirada en medidas aplicadas en 2007, busca aislar a cabecillas como alias Digno Palomino y el ‘Negro Ober’ para cortar sus comunicaciones y redes criminales desde prisión.
La administración del presidente Abelardo De La Espriella tiene sobre la mesa una estrategia de seguridad penitenciaria para aislar a los cabecillas más peligrosos del país en embarcaciones adaptadas como centros de reclusión. Según la primicia revelada por el diario El Tiempo, el proyecto contempla recluir en altamar a jefes de estructuras criminales que continúan delinquiendo y extorsionando desde las cárceles tradicionales.
Los primeros cabecillas en la mira del Gobierno
El borrador elaborado por el Inpec y compartido con el Gobierno incluye los perfiles de alta peligrosidad que inaugurarían la medida. Entre los nombres figuran Digno Palomino y el ‘Negro Ober’, señalados como dos de los extorsionistas más activos que operan desde los centros penitenciarios del país, según la documentación conocida por el medio citado. A ellos se sumarían perfiles como ‘Cabeza de Hacha’, ‘Chucho Rayo’ y ‘Tinejo’, responsables de la extorsión en el Tolima.
La lista también contempla a alias Marihuano y ‘Carnal’, cabecillas de grupos ilegales en Santander; alias Robincito, vinculado con la delincuencia en el Magdalena; y ‘Juanito’, con accionar en el Meta. Durante una visita reciente al departamento del Tolima, el presidente De La Espriella mencionó explícitamente los traslados previstos para frenar las intimidaciones a comerciantes y empresarios.
“A la delincuencia común que extorsiona desde las cárceles, como alias ‘Tinejo’, recluido en la cárcel de Valledupar, quien se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios del Tolima, y a ‘Cabeza de Hacha’ y ‘Chucho Rayo’, recluidos en la cárcel de Cómbita, los vamos a trasladar a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan cometiendo fechorías”, dijo el presidente De La Espriella durante un encuentro con la gobernadora Adriana Matiz.
Abelardo De La Espriella, presidente de la República
El precedente de 2007 y la Estrategia Remas
La iniciativa actual retoma un modelo aplicado hace casi dos décadas durante la administración del entonces presidente Álvaro Uribe. En 2007, ante el incumplimiento del acuerdo de Ralito por parte de jefes paramilitares y mientras avanzaba su proceso de extradición a Estados Unidos, el Gobierno sacó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, jefe del bloque Central Bolívar, de la cárcel de Itagüí para trasladarlo en un operativo de seguridad a una fragata de la Armada en el Caribe. Asimismo, Diego Fernando Montoya, alias Don Diego, jefe del cartel del Norte del Valle, fue recluido en un buque en el Pacífico tras su captura en septiembre de ese mismo año.
Para poner en marcha esta nueva fase, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Inpec trabajan de forma articulada, con una estrategia liderada por la Dirección General Marítima (Dimar) por encargo del Ministerio de Defensa. Fuentes consultadas por los medios informativos señalaron que estamos articulando esfuerzos y mirando cómo se puede hacer. La idea es darles más control a los presos. Será un hecho en unos meses
.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa anunció avances en la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas). Dicho esquema coordinará las capacidades penitenciarias del Inpec con la infraestructura y logística de la Armada de Colombia.
Ubicación de las embarcaciones y debate jurídico
De acuerdo con los documentos borradores manejados por el Ejecutivo, los buques cárcel estarían apostados en el mar Caribe, en las cercanías de Cartagena, y en el océano Pacífico, frente a las aguas próximas al puerto de Buenaventura. La seguridad física interna y la vigilancia permanecerán bajo la responsabilidad del Inpec, al tiempo que la Policía administrará los sistemas inhibidores de las embarcaciones para reforzar la desconexión de comunicaciones.
El propósito central del operativo es tenerlos aislados de todo: comunicaciones y nexos con sus estructuras
. No obstante, la implementación de la medida anticipa una disputa legal. Los equipos de abogados defensores de los capos podrían acudir a recursos para cuestionar los traslados y alegar derechos relacionados con el arraigo familiar, la resocialización y las visitas. Ante este escenario, fuentes gubernamentales consultadas recalcaron que la administración está dispuesta a asumir esa discusión jurídica en los tribunales para impedir que los privados de la libertad mantengan el control de sus organizaciones desde las cárceles.
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