El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procesó más de 99 millones de registros electorales para identificar posibles votantes no ciudadanos, según documentos internos. La operación, que utilizó datos del Departamento de Justicia y fuentes independientes, ha generado tensiones legales y críticas sobre la privacidad electoral.
El alcance de la operación de vigilancia del ICE
Documentos internos de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), obtenidos por la organización Democracy Forward mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA), revelan que la agencia federal analizó cerca de 99 millones de registros. La iniciativa, descrita como un proyecto nacional por fases, combinó 50,6 millones de registros provenientes de una base de datos del Departamento de Justicia y otros 48,4 millones compilados por Heather Honey, asesora sénior del director del ICE y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a través de fuentes independientes de información
.
Para procesar estos padrones, el ICE integró la información en ELITE, una herramienta de análisis de la empresa Palantir diseñada originalmente para localizar a extranjeros sujetos a deportación. Según Lanacion, el cruce de datos permitió al ICE generar más de 1,500 pistas enviadas a sus oficinas regionales. Los estados identificados como prioritarios para la investigación incluyen Texas, Pensilvania, California, Nueva Jersey, Minnesota, Michigan, Arizona, Florida, Georgia y Ohio.
Fallo judicial contra la política del Departamento de Justicia
El 9 de octubre de 2026, la jueza federal Sparkle Sooknanan declaró ilegal la política del Departamento de Justicia que sustentaba esta recolección de datos. En una resolución de 78 páginas, la magistrada concluyó que el Gobierno excedió sus atribuciones y vulneró normas de privacidad federales al intentar controlar el mantenimiento de las listas electorales estatales, una responsabilidad que permanece bajo jurisdicción local.
La jueza advirtió que el uso de bases de datos como SAVE para identificar no ciudadanos presentaba un riesgo significativo de excluir a votantes elegibles debido a información inexacta. Como señaló Virginia Kase Solomón, presidenta y directora ejecutiva de Common Cause, la decisión representa una victoria para los votantes y otra derrota para el Departamento de Justicia
.
Investigaciones sobre organizaciones sin fines de lucro
Más allá de los votantes individuales, la HSI adoptó lo que denominó un enfoque de investigación basado en redes, priorizando el análisis de la organización y la facilitación sobre las pistas individuales
. Agentes federales examinaron decenas de organizaciones sin fines de lucro en Pensilvania y Nueva Jersey, llegando incluso a considerar el uso de agentes encubiertos para infiltrarse en grupos sospechosos de fomentar el registro ilegal de no ciudadanos.
«Parece que el presidente y sus aliados quieren elegir a sus votantes, en contraposición a cómo se supone que funcionan las cosas en una democracia, donde los votantes eligen a sus líderes».
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward
A pesar de la magnitud de la operación, CNN informó que en el condado de Franklin, Ohio, agentes federales realizaron un allanamiento en junio contra la Ohio Organizing Collaborative tras meses de presión sobre las autoridades locales.
Estatus de la presencia en centros de votación
Ante la cercanía de las elecciones generales del 3 de noviembre, la dirección del ICE ha asegurado que no existen planes para desplegar agentes en los centros de votación. La agencia justificó esta postura aclarando que sus funciones se limitan a la aplicación de la ley civil y penal, careciendo de autoridad para supervisar los comicios.
«ICE lleva a cabo la aplicación de la ley civil y penal. No hay razón para que nos despleguemos en un centro de votación».
Comunicado oficial de HSI
Mientras tanto, la práctica de interrogar a inmigrantes detenidos sobre su historial electoral continúa siendo objeto de escrutinio. El sistema de ingreso de detenidos del ICE incorporó preguntas específicas sobre si los inmigrantes han votado en elecciones estadounidenses, una medida que, según UnoTV, genera atención a pesar de que el proceso no constituye una acusación formal por sí mismo.
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