Una familia colombiana de cuatro integrantes que viajaba a Florida para celebrar un cumpleaños fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de Atlanta. El arresto refleja un giro en la política del Departamento de Seguridad Nacional que utiliza datos de manifiestos de vuelo para interceptar a solicitantes de asilo.
El arresto sorpresa en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson
Lo que debía ser un fin de semana de celebración en las playas de Florida culminó en un sorpresivo operativo migratorio. Sofía Pineda, de 20 años, junto a sus padres Nora Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández, fue interceptada por agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) segundos antes de abordar un vuelo con destino a Fort Lauderdale en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.
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La familia, originaria de Armenia, Colombia, había decidido viajar en avión para evitar las largas horas de carretera. Sin embargo, tras superar sin inconvenientes los controles de seguridad de la TSA, agentes vestidos de civil rodearon a los pasajeros en la puerta de embarque. Nicholas Kim, novio estadounidense de la joven, presenció el momento en que se llevaron a sus familiares hacia una zona de carga.
Podía ver físicamente cómo los metían en un auto negro y se iban.
Tras horas de búsqueda, se confirmó que los tres integrantes fueron trasladados al Stewart Detention Center, en Georgia. El caso ha expuesto la vulnerabilidad de los migrantes que confían en sus permisos de circulación interna mientras sus procesos continúan abiertos.
El laberinto legal y el intercambio de datos en vuelos domésticos
La detención causó profundo desconcierto entre sus allegados debido a que la familia contaba con una situación legal amparada. Habían ingresado al país de forma legal con visa de turista y posteriormente iniciaron un trámite de asilo afirmativo ante el USCIS, disponiendo de permisos de trabajo y licencias vigentes.
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Iban a celebrar un cumpleaños, siguieron las leyes y aplicaron al asilo. Confiaron en sus permisos y pensaron que podían viajar dentro de Estados Unidos.
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La precisión del operativo dejó perplejos a los allegados sobre cómo las autoridades lograron ubicarlos con exactitud en la fila del avión. La respuesta radica en un cambio operativo implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la administración del presidente Donald Trump, la cual revocó los criterios previos que permitían a los solicitantes de asilo utilizar vuelos domésticos.
Mediante la revisión automatizada de los manifiestos de vuelo que la TSA recibe al momento de la reserva o del check-in, ICE obtiene en tiempo real la ubicación de los pasajeros. La agencia federal justificó la acción al señalar que la estadía autorizada por las visas originales había caducado y que la directriz actual busca impedir que personas en situación irregular utilicen el transporte comercial aéreo, salvo para abandonar el territorio estadounidense.
Planes de revocación masiva de visas de turismo y negocios
El gobierno de Estados Unidos se prepara para ejecutar una medida sin precedentes que afectaría a decenas de miles de extranjeros que tramitan protección internacional.
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La administración federal contempla revocar las visas de turismo y negocios de hasta 200.000 extranjeros que ingresaron de forma legal al país y posteriormente solicitaron asilo, según revelaron documentos obtenidos por la agencia Associated Press y citados por funcionarios estadounidenses.
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El plan, coordinado entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abarca documentos de las categorías B1 y B2 emitidos entre 2016 y 2026. Voceros oficiales señalaron que el proceso será continuo y dinámico, enfocado en identificar a quienes utilizaron estancias temporales de corta duración para tramitar su permanencia definitiva.
A pesar de la magnitud de la medida, las autoridades aclararon que la revocación de la visa de turista no se traduce en una deportación inmediata. Los afectados podrán permanecer bajo otras categorías migratorias de manera temporal mientras sus casos de refugio continúan bajo evaluación en los tribunales y oficinas competentes, aunque expertos jurídicos anticipan posibles impugnaciones en la justicia federal.
