La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria al enviar a más de 100 migrantes de diversas nacionalidades, incluidos latinoamericanos y afganos, a ocho países de África. Muchos de los deportados, pese a contar con protecciones legales en Estados Unidos contra la tortura, fueron trasladados sin previo aviso a naciones con altos índices de pobreza y conflictos.
Traslados sorpresivos y la llegada a naciones africanas sin vínculos previos
El traslado de migrantes desde Estados Unidos hacia naciones africanas marca una nueva fase en las operaciones de expulsión impulsadas por la administración federal. Según la información recogida por documentos recientes y reportes de cadenas televisivas, más de un centenar de personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Afganistán e Irán, entre otros países, fueron embarcadas en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rumbo a territorios como la República Centroafricana, Camerún, Liberia, Ruanda, Eswatini, Guinea Ecuatorial, Burundi y Sierra Leona.
Ninguno de los deportados es ciudadano de los países africanos que los recibieron. En Liberia, por ejemplo, un grupo de hombres y mujeres originarios de América Latina —incluidos Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Venezuela— fue alojado en un hotel de tres plantas situado en una zona costera remota. Varios de ellos relataron a la cadena CBS News que se enteraron de su destino final únicamente al aterrizar en el continente africano.
Paola Ferreira Dos Santos, una migrante brasileña de 21 años, declaró a través de CBS News que ella fue la primera en bajar del avión y que le dijeron que le daban la bienvenida a Liberia.
I’m concerned. I feel far away, on the other side of the world. Elvis Rodriguez Venturas, nativo de Honduras, a través de CBS News
Rodriguez Venturas añadió que en Honduras su deportación había sido bloqueada por un juez de inmigración que determinó que corría peligro de sufrir daños, lo que le permitía trabajar en Estados Unidos mientras se encontraba bajo esa protección judicial.
Casos legales complejos y protecciones previas ignoradas por el sistema
Una característica común entre los deportados entrevistados es que muchos de ellos contaban con fallos favorables emitidos por tribunales de inmigración estadounidenses que impedían su expulsión a sus países de origen debido al temor fundado a persecución o tortura. Sin embargo, ante la postura de tolerancia cero del gobierno estadounidense, los individuos con tales protecciones están siendo redirigidos a terceros países por carecer de un estatus migratorio permanente.
Entre los afectados se encuentra Yasmany Moreno de Armas, un migrante cubano de 32 años que residía entre Tampa Bay y Miami. Tras ingresar a Estados Unidos en 2016 a través de una balsa, su solicitud de residencia fue rechazada tras el fin de la política conocida como pies mojados, pies secos. Tras pasar cerca de un año detenido por el ICE, fue trasladado en un vuelo en el que, según su testimonio recopilado por The Daily Mail y The Tampa Bay Times, un oficial le informó de manera burlona que sería enviado a la República Centroafricana.
Yasmany Moreno de Armas, un migrante cubano, relató a través de CBS News y AOL que no pueden irse, que no tienen documentos, que están sufriendo y extrañando a sus familias en un continente que no conocen.
Asimismo, el ciudadano eritreo Zena Gebrgzabher, de 39 años, contaba desde 2017 con una protección bajo la Convención Contra la Tortura que frenaba su expulsión a Eritrea, luego de que un juez determinara que no era elegible para asilo debido a su servicio forzado como guardia en un puesto de control militar durante su juventud. Según la información difundida por AOL, Gebrgzabher trabajaba como camionero en Maryland, donde dejó a su esposa y a su hijo de cinco años, ambos ciudadanos estadounidenses.
Postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional y datos operativos del ICE
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió las operaciones a través de comunicados oficiales, argumentando que se están utilizando todas las opciones legales para ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país, tal como prometió el presidente Trump. La dependencia gubernamental indicó que cuando un extranjero decide presentar recursos legales para negarse a regresar a su nación de origen, las autoridades tienen la obligación de hallar una alternativa viable.
En cuanto a las críticas sobre los perfiles de los deportados, a pesar de que los funcionarios federales suelen asociar los operativos con la búsqueda de criminales peligrosos, las revisiones de expedientes de los enviados a África reflejan que la gran mayoría carece de condenas penales graves, limitándose su historial a infracciones migratorias.
Riesgos en el terreno y la postura de los gobiernos receptores
Los destinos elegidos para recibir a los deportados presentan graves complejidades de seguridad. La República Centroafricana se mantiene bajo una advertencia de viaje de Nivel 4 emitida por el Departamento de Estado, debido a la presencia de conflictos armados, inestabilidad política, riesgos de secuestro y la operación de mercenarios rusos. Las autoridades diplomáticas estadounidenses han señalado que su capacidad para brindar asistencia de emergencia en dicho país es sumamente limitada.
Hasta el momento, más de 30 naciones a nivel global han establecido convenios similares con Washington para facilitar estas expulsiones internacionales.
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