Una nueva propuesta legislativa busca agilizar los procesos judiciales y establecer con claridad las sanciones disciplinarias para los abogados, detallando tanto las faltas que las motivan como las consecuencias correspondientes, en línea con el principio de legalidad penal.
Para acelerar la administración de justicia, se plantea transferir la competencia sobre los delitos de “estafa agravada” de los tribunales penales superiores a los tribunales penales ordinarios. Esta medida, según lo expuesto, busca optimizar la gestión de estos casos.
La propuesta también contempla la posibilidad de que los reclusos que hayan cometido delitos hasta el 31 de julio de 2023 puedan acceder a la libertad condicional o a un régimen de semi-libertad con hasta tres años de anticipación. El objetivo es evitar que los retrasos en las investigaciones y procesos judiciales, ajenos a la responsabilidad del condenado, perjudiquen su derecho a una ejecución penal justa.
Asimismo, la legislación propuesta incrementa las penas por lesiones culposas y establece regulaciones para prevenir la reintegración social de personas con enfermedades mentales que hayan cometido delitos sin haber completado su rehabilitación. Se endurecerán las sanciones en casos de abuso de confianza que involucren vehículos terrestres, marítimos o aéreos, y se implementarán medidas para evitar el uso indebido del derecho a solicitar la rescisión de contratos.
