La respuesta humanitaria no ha logrado satisfacer las necesidades crecientes debido a las restricciones continuas impuestas por las autoridades israelíes, según informó el martes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) OCHA señaló. Estas restricciones incluyen limitaciones a la entrada de suministros, como los materiales necesarios para el mantenimiento y la reparación de las redes de saneamiento.
Paralelamente, se están realizando esfuerzos para mejorar la capacidad de purificación de agua en la planta de desalinización de Al Bassa en Deir Al-Balah, mediante la transferencia de equipos especializados, según informan socios humanitarios. Asimismo, ha comenzado la instalación de la planta de desalinización de Al Manshia en la ciudad de Gaza.
Violencia y desplazamiento en Cisjordania
OCHA también actualizó la situación en Cisjordania, donde las operaciones continuas de las fuerzas israelíes y la violencia de colonos siguen poniendo en riesgo a los palestinos y profundizando las necesidades humanitarias. En las últimas dos semanas, seis palestinos –cuatro de ellos niños– han perdido la vida, cinco a manos de las fuerzas israelíes y uno por un colono israelí. Durante el mismo período, tres israelíes resultaron heridos por palestinos.
Al mismo tiempo, OCHA expresó su profunda preocupación por el desplazamiento continuo en Cisjordania, con más de 100 palestinos desarraigados debido a demoliciones. Entre ellos, 50 personas –incluyendo 21 niños– fueron desplazadas el lunes tras la demolición israelí de un edificio de cuatro pisos en el barrio de Silwan, por carecer de un permiso de construcción israelí, el cual es prácticamente imposible de obtener para los palestinos.
Madres en Alepo, Siria, esperan mientras se examina a sus hijos en busca de desnutrición.
Millones en Siria requieren asistencia humanitaria
Las necesidades humanitarias siguen siendo graves en todo Siria, con 16,5 millones de personas –o casi dos tercios de la población– que aún necesitan ayuda, según OCHA. El país continúa en una transición política tras la caída del régimen de Assad el pasado diciembre.
La contaminación por restos explosivos sigue siendo una gran amenaza, según OCHA. El mes pasado, 21 personas murieron y más de 60 resultaron heridas, la mitad de ellas niños. Además, alrededor de 2,5 millones de niños siguen sin escolarizar y el 40 por ciento de las escuelas no están operativas.
Desde enero, la ONU y sus socios han llegado a más de tres millones de personas cada mes con asistencia humanitaria. OCHA y sus socios continúan coordinándose con las autoridades y monitoreando los acontecimientos en la ciudad de Alepo, donde se alcanzó un acuerdo de alto el fuego el lunes por la noche tras los recientes enfrentamientos. Estos combates estaban relacionados con las tensiones en torno a la incorporación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), de mayoría kurda, a las fuerzas armadas. Los enfrentamientos provocaron el bombardeo de varios barrios, lo que desencadenó nuevos desplazamientos. Dos civiles murieron y varios resultaron heridos, según las autoridades sanitarias.
Burundi: Abogados penalizados por cooperar con la ONU, determina un comité
Un comité designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que Burundi ha actuado en violación de la Convención contra la Tortura. El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) anunció su decisión el martes, tras revisar el caso de petición de cuatro abogados que fueron sancionados por colaborar con el Comité en 2016 durante su evaluación del cumplimiento de la Convención por parte del país.
Estos abogados habían contribuido a un informe conjunto de la sociedad civil presentado al Comité, y tres de ellos viajaron a Ginebra para el proceso de revisión. Los abogados declararon que habían participado en manifestaciones pacíficas en 2015 oponiéndose a la decisión del entonces presidente Pierre Nkurunziza de buscar un tercer mandato, que consideraban inconstitucional. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las autoridades, con fuerzas de seguridad atacando a manifestantes y disidentes políticos. Los abogados condenaron públicamente la represión violenta y, en medio de la represión, huyeron de Burundi y se exiliaron por temor a su seguridad.
En violación del derecho internacional
El Comité señaló que el Estado parte se negó a participar en la segunda mitad de una sesión programada de dos días para objetar el uso por parte del Comité de información presentada por la sociedad civil. El mismo día, el Fiscal Público de la Corte de Apelaciones de la capital de Burundi, Bujumbura, solicitó formalmente la baja de los abogados. Los expertos determinaron que las acciones de Burundi violaban la Convención contra la Tortura, y en particular, el artículo 13, que estipula que los denunciantes están protegidos contra la intimidación. “El Comité reiteró que todos los Estados tienen la obligación de abstenerse de intimidar o represalias contra las personas que buscan cooperar con el Comité”, dijo Todd Buchwald, miembro del Comité. Diez expertos sirven en el Comité, que recibe su mandato del Consejo de Derechos Humanos. No son personal de la ONU y no reciben remuneración por su trabajo.
