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Corea del Norte intensifica ejecuciones por consumo de cultura externa tras la pandemia

Un informe reciente revela que las autoridades norcoreanas han incrementado drásticamente las condenas a muerte y ejecuciones por el consumo de contenidos culturales extranjeros, así como por prácticas religiosas y de superstición, tras la pandemia de COVID-19. El estudio, elaborado por el grupo de derechos humanos Transitional Justice Working Group, analiza el período de 13 años bajo el régimen de Kim Jong-un, con especial atención a los cambios ocurridos durante y después del cierre de fronteras por la emergencia sanitaria.

Según los datos recopilados, las condenas a muerte por acceder a películas, dramas, música u otros materiales culturales de Corea del Sur y otros países aumentaron un 250% tras el inicio de la pandemia. Antes del cierre de fronteras en 2020, se registraron cuatro casos de este tipo, mientras que en el período posterior la cifra ascendió a 14. El número de personas ejecutadas por estos motivos también se multiplicó, pasando de siete a 38.

El informe destaca que, antes de la pandemia, los delitos más castigados con la pena capital eran los homicidios, pero tras el cierre de fronteras, las autoridades norcoreanas priorizaron la represión de actividades vinculadas a la influencia cultural externa. Esta tendencia se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento del control interno, que también incluyó un aumento del 225% en las ejecuciones por violaciones de directrices estatales y delitos políticos.

Las medidas se sustentan en leyes como la Ley de Rechazo a la Cultura e Ideología Reaccionaria (2020) y la Ley de Protección del Lenguaje Cultural de Pyongyang (2023), que establecen la pena de muerte como castigo para quienes consuman o difundan contenidos extranjeros. Los expertos señalan que este giro represivo podría responder a un intento de sofocar el descontento social generado por las restricciones impuestas durante la pandemia.

El estudio también identifica 46 lugares donde se han llevado a cabo ejecuciones en los últimos 13 años, con una concentración notable en zonas cercanas a la sede del Comité Central del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, especialmente durante los cinco años posteriores al cierre de fronteras. Aunque el informe no detalla los métodos de ejecución, fuentes previas indican que el fusilamiento sigue siendo el procedimiento habitual.

Los hallazgos reflejan una estrategia de control social basada en el miedo, donde la disuasión mediante castigos extremos busca eliminar cualquier influencia externa que pueda desafiar la narrativa oficial del régimen. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas políticas en la población, especialmente en un contexto de aislamiento prolongado y dificultades económicas.