HSE

El Servicio Ejecutivo de Salud (HSE) ha solicitado al Tribunal Superior que determine que una directiva anticipada de atención médica, realizada por una mujer con una enfermedad mental grave que se oponía a ser tratada con “cualquier tipo” de medicación psiquiátrica, no es válida.

La Directiva Anticipada de Atención Médica (DAAM), realizada el año pasado en virtud de la Ley de Capacidad para la Toma de Decisiones Asistida de 2015, poco antes de que la mujer fuera ingresada en una unidad psiquiátrica, no es válida porque la mujer carecía de capacidad para realizarla, según se informó al tribunal el viernes.

La DAAM “no puede prevalecer sobre la preservación de la vida”, declaró la abogada principal Patricia Hill, en representación del HSE. La evidencia indica que la medicación psicotrópica, considerada en el contexto de la enfermedad mental de la mujer, sus afecciones físicas y el historial médico familiar, equivale a un tratamiento “que salva la vida”.

Todos estos factores implican un riesgo para la vida de la mujer si no recibe la medicación, argumentó la abogada.

El psiquiatra tratante de la mujer, y un psiquiatra independiente que la entrevistó a principios de este mes a petición de su tutor designado por el tribunal, ambos consideraron que probablemente carecía de capacidad cuando realizó la DAAM, según se informó al tribunal.

La mujer de mediana edad, con un historial de enfermedad mental de más de 20 años, ha sido paciente involuntaria en una unidad psiquiátrica bajo la Ley de Salud Mental durante varios meses y está siendo tratada con medicación psicotrópica.

Una cuestión central ante el juez Conor Dignam es si, a la luz de la DAAM de la mujer, el tratamiento psicotrópico es permisible.

El caso, en el que la Comisión de Salud Mental es una parte notificada, plantea cuestiones importantes sobre la interacción entre la legislación de salud mental y la Ley de 2015 y tiene implicaciones potencialmente de gran alcance.

El tribunal escuchó que la validez legal de una DAAM depende de la disposición de la Ley de Salud Mental en virtud de la cual una persona es detenida involuntariamente. La disposición en virtud de la cual se le detiene depende del nivel de riesgo que se considere que representa para sí misma y para los demás.

Si se le detiene como de alto riesgo, no es necesario cumplir con una DAAM. Debido a que el tratamiento puede aliviar el nivel de riesgo y conducir a la detención involuntaria en virtud de otra disposición, es posible que deba cumplirse una DAAM.

Esa situación puede dar lugar a un “ciclo interminable”, dijo Hill.

Hablando por videoconferencia, la mujer dijo que creía que no se le estaban ofreciendo las mismas opciones de tratamiento que a un paciente no psiquiátrico.

Cuando tomó medicación psiquiátrica en el pasado, experimentó un gran aumento de peso y presión arterial alta y dejó de tomar las pastillas “poco a poco”. Estaba esperando “una oportunidad” como la que ofrecía la DAAM, dijo.

Las pastillas que está tomando actualmente no parecen afectar su presión arterial y creía que, si las dejaba, estaría “aquí para siempre”. Cuando fue detenida involuntariamente el año pasado, no se sintió tan mal y creyó que tenía derecho “a estar tan mal como quiera”.

El psiquiatra tratante de la mujer dijo que su condición física y mental ha mejorado, pero si se detiene su medicación ahora, recaerá “en cuestión de días”, se volverá más maníaca y hostil, y su salud física también se deteriorará. Su tratamiento deberá continuar durante quizás dos meses, dijo.

Al inicio de la audiencia del viernes, surgió un problema sobre si, a la luz de una disposición de la Ley de 2015, los medios de comunicación podían asistir y cubrirla.

El HSE, el tutor de la mujer y la propia mujer no se opusieron a que los medios de comunicación informaran sobre los procedimientos, pero el abogado principal Shane Murphy, en representación de la comisión, dijo que la Ley de 2015 exigía una audiencia a puerta cerrada.

Dignam decidió, “en términos generales”, que los medios de comunicación podían informar siempre que no se publicara nada que pudiera identificar a la mujer, al hospital o a los médicos involucrados. El caso, dijo, trata sobre el ejercicio del poder por parte de las autoridades públicas, plantea potencialmente puntos de interés público, puede imponer un tratamiento a una persona y la persona más directamente afectada no se opuso a que se informara sobre él.

La audiencia continúa el lunes.