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Tras 4 meses, activistas señalan que un tercio de los arrestos en la operación del Presidente Trump en Washington están relacionados con inmigrantes
Personas sostienen carteles advirtiendo a los conductores de un control de carretera operado por la Policía Metropolitana y agencias federales, incluyendo agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Georgia Avenue en la parte norte de Washington, 30 de agosto de 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein, File)
GARY FIELDS
ALANNA DURKIN RICHER
Associated Press
Publicado: 29 de diciembre de 2025
WASHINGTON (AP) — Cuando el Presidente Donald Trump lanzó una operación de aplicación de la ley en Washington, D.C., hace cuatro meses, la presentó como una misión para combatir la delincuencia rampante.
Sin embargo, activistas y líderes locales afirman que esta descripción no refleja lo que ha surgido como una simultánea represión contra los inmigrantes, quienes han manifestado una creciente preocupación por su estatus y seguridad en la ciudad.
Según cifras oficiales revisadas por The Associated Press, un tercio de todos los arrestos realizados durante la operación están relacionados con la inmigración. Activistas e inmigrantes señalan que los arrestos son frecuentes y alarmantes. Una demanda alega que a menudo son ilegales. Y, sin visos de que la escalada de la presencia policial en la ciudad cese, no hay indicios de que los arrestos relacionados con la inmigración terminen.
La amenaza para los inmigrantes en la ciudad se ha convertido en una rutina, según activistas y líderes locales.
“Las redadas de control migratorio ya no son noticia de última hora porque es lo de siempre”, declaró Brianne K. Nadeau, concejal de Washington.
Trump afirma que la operación en D.C. es una misión para combatir el crimen
Trump lanzó la intervención federal en D.C. a mediados de agosto con una orden de emergencia que tomó el control de la fuerza policial de la ciudad y envió agentes federales junto con cientos de miembros de la Guardia Nacional.
La administración republicana de Trump afirma que la misión en D.C. tiene como objetivo combatir el crimen y la ha promocionado como un éxito rotundo, aunque la delincuencia ya estaba en declive antes de que comenzara la operación.
Las cifras oficiales muestran que alrededor del 33% de los más de 7,500 arrestos realizados desde el inicio de la operación están relacionados con la inmigración. En septiembre, un análisis de The Associated Press reveló que el 40% de los 2,400 arrestos estaban relacionados con la inmigración.
Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) publicadas por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley, de los aproximadamente 1,130 arrestos de inmigrantes realizados en la ciudad, predominantemente demócrata, desde el inicio de la operación hasta el 15 de octubre, las fechas para las que se proporcionaron datos, 947 no tenían antecedentes penales ni cargos penales pendientes.
“El enfoque de la exitosa operación de Washington del Presidente Trump ha sido abordar el crimen cometido por cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, quien agregó que muchos de los arrestados estaban cometiendo delitos, tenían órdenes de arresto pendientes o condenas previas.
Las estadísticas mostraron que los arrestos en el período fueron variados, incluyendo cargos por homicidio y drogas.
‘Mis vecinos están siendo acosados, agredidos y secuestrados’
Aunque la orden de emergencia que afectaba a la policía expiró en septiembre, las redadas de arrestos, los controles de carretera, los agentes del orden con máscaras y los vehículos sin identificar siguen siendo visibles.
Docenas de testigos en una audiencia municipal de más de 10 horas a principios de este mes detallaron las preocupaciones existentes. Los residentes informaron haber presenciado detenciones, a menudo por agentes del orden con máscaras y no identificables. Los objetivos comunes eran las zonas de recogida escolar, los centros de distribución de alimentos, los jardineros y los apartamentos con una gran población de residentes hispanos. Hubo numerosas quejas de que el Departamento de Policía Metropolitano local ha continuado trabajando estrechamente con ICE en sus esfuerzos de inmigración a pesar de la promesa del Alcaldesa Muriel Bowser, demócrata, de que no lo harían.
Nadia Salazar Sandi, una inmigrante boliviana, declaró en la reunión que varios miembros de su familia han sido detenidos en los últimos meses, dejando lo que dijo que eran asientos vacíos en la cena de Acción de Gracias.
“Esto es aterrador”, dijo sobre las operaciones de inmigración. “Ahora soy ciudadana y camino con mi pasaporte”.
Los testigos dijeron que varias de las detenciones comenzaron con paradas de tráfico rutinarias por parte de la Policía Metropolitana. Un incidente comenzó con una parada por una etiqueta caducada que atrajo a más de una docena de agentes federales.
“Todos los días mis vecinos están siendo acosados, agredidos y secuestrados”, dijo Leah Tribbett, una residente de la ciudad. “Podría hablar durante toda esta audiencia y aún así no podría relatar cada instancia de brutalidad que he visto”.
Una reunión previa de recopilación de información organizada por Nadeau reveló un creciente deseo por parte de algunos inmigrantes de desaparecer de la vista pública. Un testigo fue un profesional médico que relató cómo una familia estaba considerando renunciar a la terapia del habla y ocupacional para sus hijos autistas por temor a que las autoridades los estuvieran esperando en la clínica.
Las tácticas utilizadas durante los arrestos han sido impugnadas en los tribunales
Un juez federal bloqueó a principios de este mes a la administración Trump de realizar arrestos migratorios generalizados en la capital de la nación sin órdenes judiciales o causa probable de que las personas arrestadas hayan violado la ley de inmigración o que exista conocimiento de que son un riesgo de fuga.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros abogados demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban con frecuencia y establecían controles de carretera en barrios con un gran número de inmigrantes hispanos y luego detenían y arrestaban a personas de manera indiscriminada.
José Escobar Molina, un demandante en la demanda, declaró en documentos judiciales que tenía protecciones legales temporales y que vivía en la ciudad desde hace 25 años. Dijo que caminaba desde su edificio de apartamentos hasta su camioneta de trabajo cuando dos coches se acercaron a él. Agentes federales no identificados lo agarraron y lo esposaron sin preguntarle su nombre, identificación o cualquier información sobre su estatus migratorio, dijo. Tampoco le preguntaron dónde vivía, cuánto tiempo llevaba en la zona o si tenía vínculos con la comunidad, dijo.
Los abogados de la administración Trump argumentaron que los agentes tenían causa probable para detener a Molina y a los otros demandantes de la manera en que se hizo.
Tricia McLaughlin, Secretaria Asistente del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los arrestos en Washington y en otros lugares se llevan a cabo legalmente y que todos los detenidos reciben un debido proceso.
Madeleine Gates, consejera asociada del Comité de Abogados de Washington sin fines de lucro y una de las abogadas que representan a los demandantes, dijo que han presentado declaraciones adicionales de miembros de la comunidad con docenas de casos en los que las personas fueron arrestadas fuera de los procedimientos adecuados.
“Lo que realmente hemos visto en la práctica es que los agentes arrestan a personas sin parecer saber quiénes son”, dijo Gates.
Trump no ha dicho cuándo podría reducir la escalada de la presencia policial federal. Tras el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional presuntamente por un ciudadano afgano en la ciudad el mes pasado, Trump dijo que planeaba enviar cientos de soldados más para apoyar la operación.
Los líderes locales están celebrando audiencias y dando la alarma sobre los arrestos. Pero reconocen que en un distrito federal con autonomía limitada, hay poco que puedan hacer para oponerse.
“La frustrante verdad”, dijo Brooke Pinto, concejal de la ciudad, “es que no tenemos las mismas palancas de poder y control, ni los mismos derechos, que un distrito que cada uno de los 50 estados tiene para proteger a nuestros residentes”.
