Donald Trump has threatened a $5 billion defamation lawsuit against the Center for American Progress, demanding the liberal think tank retract a July report arguing that his administration’s National Guard deployments failed to reduce violent crime. The center refused, calling the threat a transparent attempt to silence researchers.
La amenaza legal de Donald Trump y el informe del Center for American Progress
El expresidente Donald Trump exigió al Center for American Progress (CAP) que retire de inmediato un análisis publicado el 13 de julio de 2026, el cual sostiene que los operativos de la Guardia Nacional en ciudades como Washington D.C., Memphis y Los Ángeles no tuvieron un impacto medible en las tendencias de la delincuencia. A través de una carta enviada el lunes por su abogado personal, Alejandro Brito, el exmandatario dio de plazo hasta el final de la jornada del viernes para que el centro de estudios emita una retractación, bajo la advertencia de enfrentar una demanda por daños y perjuicios de al menos USD 5 billion, tal como informó el portal India Today en su cobertura de los hechos.
El reporte del centro liberal argumenta que la caída en los índices de criminalidad en las urbes intervenidas no difiere estadísticamente de la disminución registrada en otras ciudades donde no se desplegaron tropas federales, señalando además que dicha tendencia a la baja comenzó antes de que Trump asumiera el poder en 2025.
La respuesta del centro de pensamiento y el rechazo a la demanda
Frente a la advertencia legal, la dirección de CAP adoptó una postura de confrontación abierta. Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva de la organización, defendió la rigurosidad metodológica del trabajo y desestimó los argumentos de la defensa del exmandatario. En un comunicado emitido el viernes, la directiva calificó la acción legal como un intento deliberado por inhibir el escrutinio público sobre las políticas gubernamentales.
«is a transparent attempt to silence us. We will neither cower nor bend in the face of it.»
Neera Tanden, President and CEO, Center for American Progress
Por su parte, el equipo jurídico de la institución respaldó la negativa a ceder ante el ultimátum.
Implicaciones legales y el historial de litigios contra medios y críticos
La amenaza de entablar un litigio por USD 5 billion contra el CAP se enmarca en una estrategia más amplia de acciones legales impulsadas por Trump contra organizaciones de medios y centros de investigación. Expertos en derecho constitucional consultados en el ámbito periodístico señalan que este tipo de advertencias buscan con frecuencia presionar a los críticos más que buscar una compensación económica real en los tribunales.
Kevin Goldberg, especialista en la Primera Enmienda del centro Freedom Forum, advirtió que estas medidas se emplean for the purpose of trying to push someone into submission rather than actually on the merits of compensating Donald Trump for any harm that might have been caused
, de acuerdo con los testimonios recogidos por el servicio de noticias.
Este escenario judicial coincide con otros reveses y movimientos en los tribunales federales de Estados Unidos relacionados con demandas similares presentadas por entidades vinculadas al exmandatario. Cabe destacar que, en un caso independiente resuelto recientemente en Tampa, un juez federal desestimó una querella por difamación valorada en $3.8B interpuesta por Trump Media and Technology Group contra The Washington Post tras concluir que no se demostró una actuación con malicia real.
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