Las conversaciones entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania se han ampliado para incluir una propuesta de acuerdo petrolero multimillonario. La operación involucra activos internacionales de Lukoil y está vinculada a inversores con lazos cercanos con enviados de Washington.
Las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Kremlin han tomado un giro comercial inesperado al entrelazarse con una de las transacciones energéticas más grandes de los últimos años.
La propuesta de Vladimir Putin en el Kremlin y los intereses en juego
Durante el encuentro confidencial celebrado en el Kremlin el 5 de septiembre, Putin propuso la transacción como un mecanismo práctico para demostrarle a la élite empresarial rusa y al público nacional que es posible restablecer relaciones comerciales normales con Estados Unidos, tal como detallaron fuentes familiarizadas con las conversaciones. Los negociadores estadounidenses respondieron favorablemente, al considerar que este puente comercial podría servir para cultivar lazos constructivos con Moscú y ejercer una presión a la baja sobre los precios internacionales del petróleo crudo.
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Para los compradores potenciales, el atractivo financiero es evidente. El acuerdo es también lucrativo debido a que la aprobación oficial por parte de Estados Unidos levantaría las sanciones impuestas sobre los activos, lo que incrementaría de manera inmediata su valor de mercado. A principios de año, la propia Lukoil tasó sus posesiones internacionales en aproximadamente 20.000 millones de dólares.
El consorcio liderado por Todd Boehly y las conexiones con el entorno presidencial
La puja por adquirir el extenso portafolio de los activos de Lukoil fuera de Rusia está encabezada por el multimillonario e inversor estadounidense Todd Boehly, coorganizador del grupo comprador que compite en el mercado energético global. Registros financieros señalan que Boehly ha realizado contribuciones significativas a causas políticas vinculadas al movimiento MAGA y a la investidura presidencial.
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Junto al inversor estadounidense figuran socios de Oriente Medio con vínculos comerciales previos con Jared Kushner y la familia de Steve Witkoff. Entre ellos destacan los empresarios qataríes Moutaz Al-Khayyat y Ramez Al-Khayyat, cuyo conglomerado participa en proyectos de lujo conjuntos, así como un fondo de inversión de Abu Dhabi controlado por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, quien mantiene lazos financieros con empresas privadas de Kushner y con la plataforma de criptomonedas World Liberty Financial, cofundada por Witkoff.
Pero el acuerdo es también lucrativo para los compradores: la aprobación estadounidense para la venta liberaría los activos de las sanciones norteamericanas, aumentando instantáneamente su valor.
The New York Times, citado en coberturas internacionales
A pesar de la densa red de conexiones comerciales, las personas cercanas a los enviados especiales han negado la existencia de irregularidades. Una portavoz de Steve Witkoff aseguró formalmente que este no tiene conflicto de interés ni participación financiera en este asunto.
Los activos globales y las condiciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU
El perímetro de la transacción abarca una infraestructura masiva distribuida en varios continentes. El conglomerado energético ruso incluye campos de extracción de petróleo en África y Oriente Medio, complejos de refinería estratégicos en Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos que producen diésel y combustible para aviones, además de extensas redes de estaciones de servicio tanto en Europa como en territorio estadounidense, incluyendo puntos específicos en Nueva Jersey.
No obstante, la ejecución de la compraventa enfrenta un entramado regulatorio estricto. El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Lukoil en su lista de sanciones en octubre de 2025 para mermar los ingresos destinados al esfuerzo bélico en Ucrania. Aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido extensiones temporales para permitir la tramitación de acuerdos condicionales —con una vigencia actual extendida hasta el 29 de octubre—, el traspaso definitivo de los bienes requiere licencias adicionales y la garantía de que se corten los lazos financieros con la matriz rusa hasta que se levanten las medidas punitivas.
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