El Parlamento Europeo impulsa una definición unificada de violación basada en el consentimiento
El Parlamento Europeo ha aprobado este martes una resolución que insta a la Comisión Europea a proponer una legislación que establezca una definición común de violación en toda la Unión Europea, basada en el principio de «solo sí significa sí». La medida busca armonizar las leyes nacionales y cerrar lagunas legales que, en la actualidad, permiten que agresores queden impunes en algunos países.
La resolución, adoptada con una amplia mayoría, refleja un consenso creciente entre los eurodiputados sobre la necesidad de que todos los Estados miembros adopten un enfoque centrado en el consentimiento, en línea con el Convenio de Estambul. Este tratado, ratificado por la UE en 2023, define la violación como cualquier acto sexual sin consentimiento explícito, pero su aplicación varía significativamente entre los países.
Un paso hacia la justicia para las víctimas
Actualmente, solo 14 de los 27 Estados miembros de la UE han adaptado sus legislaciones nacionales para incluir una definición de violación basada en la ausencia de consentimiento. En los demás, las leyes aún exigen pruebas de violencia, intimidación o resistencia por parte de la víctima, lo que dificulta la persecución de casos y perpetúa la impunidad.
La eurodiputada sueca Evin Incir, ponente del informe, destacó que «la fragmentación legal en Europa envía un mensaje equivocado: que la violación no es igual de grave en todos los países». Según datos citados en el debate parlamentario, una de cada diez mujeres en la UE ha sido víctima de violación en algún momento de su vida, aunque la mayoría de los casos nunca se denuncian.
La resolución también subraya la importancia de campañas de educación y sensibilización para cambiar actitudes sociales que normalizan la violencia sexual. «No se trata solo de cambiar leyes, sino de transformar una cultura que aún culpa a las víctimas», afirmó Incir durante la sesión plenaria.
Reacciones y próximos pasos
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han celebrado la decisión del Parlamento Europeo. En un comunicado, la ONG recordó que «la falta de una definición común debilita la protección de las víctimas y permite que los agresores exploten las diferencias entre sistemas judiciales».
La Comisión Europea, que tiene la competencia exclusiva para proponer legislación en este ámbito, aún no ha anunciado un calendario concreto para presentar una directiva. Sin embargo, fuentes comunitarias indicaron que el tema se encuentra entre las prioridades de la presidenta Ursula von der Leyen para esta legislatura.
Mientras tanto, países como España, Suecia y Bélgica ya han reformado sus códigos penales para incluir el modelo de «solo sí significa sí», mientras que otros, como Polonia y Hungría, se resisten a cambios similares, argumentando que la regulación penal es competencia nacional.
Un debate con raíces profundas
El impulso por una definición unificada de violación en la UE no es nuevo. Desde 2018, cuando Amnistía Internacional publicó su primer informe sobre las leyes europeas en esta materia, el movimiento ha ganado fuerza, especialmente tras casos mediáticos como el de Gisèle Pelicot en Francia, cuya historia de abuso durante años conmocionó a la opinión pública.
Los defensores de la reforma argumentan que un marco legal común no solo facilitaría la cooperación judicial entre países, sino que también enviaría un mensaje claro: el consentimiento debe ser explícito, libre y entusiasta en toda Europa.
No obstante, el camino hacia una directiva europea no estará exento de obstáculos. Algunos gobiernos han expresado preocupaciones sobre la soberanía nacional en materia penal, mientras que otros temen que la nueva definición pueda generar confusión jurídica. Aun así, la presión de la sociedad civil y del Parlamento Europeo parece haber inclinado la balanza a favour del cambio.
Mientras la Comisión Europea evalúa los próximos pasos, el Parlamento ha dejado claro que no piensa ceder en su demanda. «Es hora de que Europa dé un paso al frente y proteja a las víctimas, sin importar en qué país vivan», concluyó Incir.
