Un juez federal rechazó el 28 de octubre de 2026 una solicitud del gobierno de Donald Trump para bloquear y apartar 20.000 votos por correo en California. El magistrado advirtió que la medida habría provocado caos electoral y vulnerado la autonomía del estado en los comicios legislativos.
La disputa judicial entre el Departamento de Justicia y el estado de California escaló a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Las autoridades federales intentaron obligar a los condados a retener miles de boletas bajo la alegación de que pertenecían a personas que probablemente no ostentan la ciudadanía estadounidense.
El rechazo del juez David O. Carter al bloqueo de boletas
El juez federal de distrito David O. Carter emitió un fallo en Los Ángeles en el que denegó la petición de emergencia presentada por la administración federal. El magistrado sostuvo que la exigencia de apartar 20.000 papeletas a estas alturas del proceso causaría estragos en los comicios.
Pero California y su pueblo además son soberanos.
David O. Carter, juez de distrito de Estados Unidos
Durante los procedimientos, el juez Carter recalcó que el Poder Ejecutivo cuenta con herramientas procesales y un remedio claro si realmente sospecha de la comisión de un delito electoral: presentar cargos formales ante los tribunales, en lugar de perturbar un proceso de votación ya en marcha.
La demanda original fue presentada por el Departamento de Justicia el 15 de octubre. Esta acción se produjo tres meses después de que se enviara una carta al secretario de Estado de California, Shirley Weber, alegando la posible existencia de más de 190.000 no ciudadanos registrados para sufragar en el estado.
Asimismo, el primer asistente del fiscal estadounidense, Trent McCotter, declaró ante la prensa que los 20.000 posibles electores no ciudadanos señalados equivalían a una cantidad suficiente para llenar un recinto deportivo pequeño, aunque admitió que la cifra final de la lista podría resultar excesiva.
La respuesta del fiscal general de California Rob Bonta
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la demanda federal como una maniobra que raya en lo absurdo. Bonta señaló que los arrestos anunciados previamente por la fiscalía contra 28 residentes permanentes representaban apenas una fracción ínfima, concretamente el 0,0001%, de los 23 millones de votantes registrados en el padrón estatal.
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito
Días antes del fallo en primera instancia, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ya había rechazado una solicitud de urgencia presentada por el gobierno federal para frenar el conteo antes de que el tribunal inferior pudiera pronunciarse.
El juez Sanchez planteó durante las audiencias si la exigencia federal vulneraba la Décima Enmienda al pretender obligar al estado a ejecutar un mandato penal federal.
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