El gobierno de Allan ha acordado pagar 125 millones de dólares australianos en compensación a empresas victorianas que alegaron que el gobierno era responsable del perjuicio financiero causado por el prolongado confinamiento por COVID-19 en 2020.
El acuerdo pone fin a un largo caso derivado del confinamiento pandémico más mortífero y costoso del país y evita un juicio de alto perfil antes de las elecciones estatales que habría llamado a declarar a altos funcionarios del gobierno.
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