Publicado el martes 9 de diciembre de 2025
El Fiscal General Peter F. Neronha y una coalición de 18 fiscales generales han ganado su demanda contra la administración Trump por su orden ilegal de congelar todos los permisos federales para proyectos de energía eólica.
En mayo, la coalición presentó una demanda desafiando la decisión de la administración Trump de detener indefinidamente todas las aprobaciones federales necesarias para el desarrollo de proyectos de energía eólica en alta mar y en tierra, a la espera de una revisión federal. Hoy, un juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anuló esas acciones, dictaminando que fueron arbitrarias y caprichosas, y contrarias a la ley.
“La administración Trump no puede cancelar proyectos de energía limpia simplemente porque crea que hacerlo es políticamente conveniente, y la victoria de ayer lo reafirma”, declaró el Fiscal General Neronha. “La verdad es que los estadounidenses confían en su liderazgo para adoptar soluciones de energía limpia y asequible que frenen los efectos nocivos del cambio climático y la creciente volatilidad de los costos de los combustibles fósiles. Los habitantes de Rhode Island y los estadounidenses en todas partes siguen pagando el precio, literalmente, por una vacilación colectiva en la adopción de infraestructura de energía limpia. Y ciertamente no nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Presidente intenta arbitrariamente frenar el progreso que hemos logrado. Lo hemos combatido aquí y hemos ganado; lo hemos combatido por su intento ilegal de cancelar el proyecto Revolution Wind y estamos ganando; y continuaremos luchando donde esta administración cause daño al pueblo estadounidense.”
El 20 de enero, el Presidente Trump emitió un Memorándum Presidencial que, entre otras cosas, congeló indefinidamente todas las aprobaciones federales necesarias para el desarrollo de proyectos de energía eólica, a la espera de una revisión federal. En virtud de esta directiva, las agencias federales detuvieron todas las actividades de permisos y aprobación.
En su demanda, los fiscales generales alegaron que las acciones de las agencias federales perjudicaron los esfuerzos de sus estados para asegurar fuentes de energía fiables, diversificadas y asequibles para satisfacer su creciente demanda de electricidad y ayudar a reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos nocivos, alcanzar los objetivos de energía limpia y abordar el cambio climático. Las acciones de las agencias también amenazaron con frustrar inversiones estatales por miles de millones de dólares en infraestructura de la industria eólica, cadenas de suministro y desarrollo de la fuerza laboral.
La coalición argumentó que las acciones de las agencias federales violaron la Ley de Procedimiento Administrativo y otras leyes federales porque las agencias no proporcionaron una explicación razonada para detener categóricamente e indefinidamente todas las aprobaciones de energía eólica. La demanda también argumentó que la detención abrupta de todos los permisos violó numerosas leyes federales que prescriben procedimientos y plazos específicos para los permisos y aprobaciones federales, procedimientos que la administración ignoró por completo al detener por completo el desarrollo de la energía eólica.
El Fiscal General Neronha se unió en este asunto a los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón y Washington.
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