Un legado de impunidad por abusos cometidos durante conflictos bélicos continúa afectando profundamente la vida de las víctimas en Sri Lanka, muchas de las cuales sufren lesiones físicas duraderas, traumas psicológicos y exclusión social. Así lo revela un reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), titulado Perdimos todo, incluso la esperanza de justicia.
El informe, resultado de más de una década de monitoreo por parte de la ONU y consultas con sobrevivientes, la sociedad civil y expertos, subraya que la violencia sexual en contextos de conflicto constituye una grave violación del derecho internacional, pudiendo ser considerada crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, según declaró Jeremy Laurence, portavoz de la OHCHR, a periodistas en Ginebra.
“Sri Lanka está legalmente obligada, en virtud de múltiples tratados y compromisos internacionales, a prevenir, investigar y enjuiciar tales violaciones, y a garantizar la reparación de las víctimas”, enfatizó Laurence.
Intimidación y estigma
El estudio destaca que las sobrevivientes –tanto mujeres como hombres– enfrentan un clima persistente de intimidación, vigilancia y estigma, lo que provoca una generalizada falta de denuncia y una casi total ausencia de recursos efectivos. Una de las sobrevivientes consultadas por los investigadores de la ONU describió la violencia sexual como “una tortura que nunca termina”.
El conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), que se extendió desde 1983 hasta 2009, estuvo marcado por abusos generalizados. Casos documentados de violencia sexual relacionada con el conflicto se remontan incluso a las insurrecciones del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) en las décadas de 1970 y 1980. Durante estos períodos, la violencia sexual fue utilizada ampliamente como método de intimidación, castigo y control sobre las poblaciones afectadas por el conflicto.
Impunidad alarmante
A pesar del fin de las hostilidades activas en 2009, la OHCHR señala que la militarización, los marcos legales de emergencia y el debilitamiento del estado de derecho han permitido que la violencia de género –incluida la violencia sexual– persista con una impunidad alarmante. El informe también pone de manifiesto importantes lagunas en el marco legal interno de Sri Lanka.
Actualmente, no existe legislación específica que aborde la violencia sexual relacionada con conflictos, se mantienen los plazos de prescripción, la capacidad forense es limitada y las enjuiciamientos son raros. Las sobrevivientes masculinas y las personas LGBTQ+ son particularmente invisibles, con algunas experiencias que no son reconocidas o incluso criminalizadas bajo las leyes existentes.
Restaurar la dignidad
El informe subraya que el reconocimiento y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la dignidad y avanzar hacia la reconciliación. En este sentido, insta al Gobierno de Sri Lanka a tomar medidas inmediatas y concretas para reconocer públicamente la violencia sexual pasada cometida por las fuerzas estatales y otros actores, y a emitir una disculpa formal.
Asimismo, se solicita implementar reformas centradas en las sobrevivientes en los sectores de seguridad, judicial y el marco legal, establecer una oficina de fiscalía independiente y garantizar el acceso a apoyo psicológico y social.
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