El proyecto de ley de finanzas de 2026 contemplaba la asignación de 32.000 millones de euros a la misión de “Investigación y Educación Superior” (+1,8% en comparación con 2025), de los cuales 8.200 millones de euros se destinarían a la investigación (+0,54%).
Este presupuesto previsto representaba un verdadero revés para el funcionamiento y las inversiones de los organismos de investigación y las universidades, ya de por sí con recursos limitados. En una carta enviada a los parlamentarios, el Primer Ministro precisó que, en la nueva versión de la Ley de Finanzas que se someterá al artículo 49.3: “las universidades y los organismos de investigación verán reforzados sus recursos para cumplir con los compromisos de la Ley de Programación de la Investigación (LPR), lo que representa un aumento de 320 millones de euros en el presupuesto”. Este aumento presupuestario es bienvenido, pero oculta una preocupante realidad contable.
La LPR, aprobada en diciembre de 2020, se presentó como un ambicioso plan de inversión y reforma para la investigación francesa, destinado a reducir la brecha en “Investigación y Desarrollo” (I+D) de Francia. Se preveía que la trayectoria de inversiones adicionales inyectadas cada año en el presupuesto de investigación fuera de 25.000 millones de euros adicionales en diez años. Sin embargo, las sucesivas leyes de finanzas solo han recortado los recursos asignados a la investigación.
Un Desfase Duradero
Bajo la apariencia de una recuperación de las finanzas públicas, estas renuncias dificultan el cumplimiento de nuestros compromisos y la urgencia de relanzar la I+D en Europa, tal como se recuerda en el informe Draghi. Aún más grave es que los organismos de investigación y las universidades tendrán que absorber el aumento de la tasa de cotización del empleador para las pensiones, que ha aumentado un 8% en dos años, alcanzando la cifra récord del 82% en 2026. El Estado transforma así una parte de los presupuestos destinados a la investigación y la innovación en fondos de compensación del pasado, en particular la deuda pública y el déficit de las pensiones, a través de la contribución de las universidades y los organismos de investigación al “Compte d’Affectation Spéciale (CAS)-Pensions” en un 16% de los créditos de investigación.
En el ámbito de la salud, una investigación sólida y financiada de forma sostenible es la base indispensable para mejorar la calidad de la atención y la resiliencia de nuestro país ante los desafíos de salud pública y las crisis sanitarias. En un contexto de feroz competencia entre Europa, Estados Unidos y China, la subinversión crónica en investigación supone un importante retroceso estratégico para Francia. A la erosión inmediata de la capacidad de innovación francesa y su liderazgo en biología y salud le seguirá una mayor presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, obligada a arbitrar entre la importación costosa de innovaciones terapéuticas extranjeras y una stagnación, o incluso un deterioro, de la oferta de atención.
Por sus vacilaciones, el desorden parlamentario alimentado por los extremismos y los cálculos políticos, la representación nacional asume la responsabilidad de un desfase duradero. Dominar nuestro sistema de salud en diez años exige invertir hoy en investigación e innovación. No podemos pretender inventar la medicina del mañana sacrificando el futuro para saldar los balances de ayer.
(*) Director de Investigación Emérito en el Inserm, miembro de la Academia Nacional de Medicina.
