Un dato que debería preocupar a todo floridano: 5 millones de galones. Esa es la cantidad de agua que puede consumir un centro de datos grande en un solo día, equivalente al consumo de una ciudad de 50.000 habitantes. Considerando que Florida ya cuenta con 120 centros de datos, lo que la convierte en el cuarto centro de datos más grande del país, y que se planean decenas de proyectos de hiperescala más en Tampa, Orlando y Miami-Dade, la situación es crítica. El Departamento de Protección Ambiental de Florida proyecta que necesitaremos un 14% más de agua para 2040 solo para atender a nuestra creciente población.
El Proyecto de Ley del Senado 484, patrocinado por el Senador Bryan Ávila y avanzando unánimemente a través de comités, representa algo poco común en Tallahassee: una iniciativa genuinamente favorable a las empresas que también protege a quienes pagan las cuentas. Merece apoyo y, aún más, ser fortalecido.
Se responde a la cuestión de los costos
El principio fundamental del SB 484 es simple: los grandes centros de datos deben cubrir sus propios costos. El proyecto de ley exige a la Comisión de Servicios Públicos de Florida que desarrolle tarifas y requisitos de servicio que garanticen que los clientes que consumen 50 megavatios o más en una sola ubicación asuman la totalidad de sus costos de servicio, incluyendo la conexión, la transmisión, la generación y la infraestructura, y que esos costos no se trasladen al conjunto general de los contribuyentes.
Esto es importante porque, en todo Estados Unidos, las familias están pagando silenciosamente más por la electricidad mientras las grandes empresas tecnológicas compiten por construir la infraestructura que impulsa la inteligencia artificial. Los consumidores atendidos por la red PJM, que se extiende desde Illinois hasta Carolina del Norte, pagarán 16.600 millones de dólares entre 2025 y 2027 solo para asegurar el suministro de energía para los centros de datos que aún no se han construido. En Ohio, esto se traduce en un aumento de 16 dólares adicionales en la factura mensual promedio de los hogares. Un estudio de Carnegie Mellon proyecta que los centros de datos podrían provocar un aumento del 25% en los precios de la electricidad en el norte de Virginia para 2030.
Florida tiene la oportunidad de evitar esto por completo. La caja de herramientas del SB 484 es integral: contribuciones en ayuda de la construcción, cargos por demanda, cargos por generación incremental, garantías financieras, provisiones de pago o cumplimiento y requisitos de contrato de servicio mínimo con penalizaciones por terminación anticipada. Estas no son medidas punitivas, sino herramientas estándar de tarificación en la industria de servicios públicos que garantizan que los desarrolladores asuman su parte antes de que los contribuyentes asuman el riesgo.
La disposición sobre el agua es la verdadera sorpresa
Aunque la electricidad acapara los titulares, las protecciones del agua del SB 484 pueden ser la característica más importante del proyecto de ley para el futuro a largo plazo de Florida. El proyecto de ley establece un marco de permisos distinto para los grandes centros de datos que extraen 100.000 galones o más por día, exigiendo que demuestren que su uso del agua es razonable, no interferirá con los usuarios existentes y es coherente con el interés público. Obliga al uso de agua reciclada cuando sea factible y exige audiencias públicas antes de la aprobación de los permisos.
Estas disposiciones llegan en un momento crítico. La era del agua barata y fácil ha terminado en Florida. Tampa Bay Water se encuentra en una disputa con el condado de Polk por los derechos sobre el río Alafia. El condado de Polk está gastando 600 millones de dólares en perforar acuíferos salobres porque los suministros convencionales se están agotando. Las áreas de recarga de agua en todo el estado están siendo pavimentadas para el desarrollo, reduciendo la infiltración que repone lo que estamos extrayendo.
En este contexto, un solo centro de datos de hiperescala que consuma 5 millones de galones diarios equivaldría a agregar la demanda de agua de una ciudad mediana de la noche a la mañana. A nivel nacional, aproximadamente del 80 al 90% del agua utilizada por los centros de datos proviene de fuentes de agua azul, los mismos lagos, ríos y acuíferos que proporcionan agua potable a la comunidad. En el condado de Loudoun, Virginia, hogar del centro de datos más grande del mundo, las instalaciones consumieron aproximadamente 1.000 millones de galones de agua municipal solo en 2023. Los centros de datos de Google a nivel mundial consumieron 6.400 millones de galones en un solo año, con un 31% extraído de cuencas hidrográficas que ya experimentan escasez moderada a alta de agua.
Florida no puede permitirse repetir los errores de Virginia.
El requisito del proyecto de ley para el uso de agua reciclada y las audiencias públicas son una base sólida, pero argumentaría que debería ir más allá, exigiendo planes de conservación del agua que incluyan refrigeración por inmersión o sistemas de circuito cerrado, que pueden reducir el consumo de agua en órdenes de magnitud en comparación con la refrigeración evaporativa tradicional.
Disposiciones anti-elusión demuestran sofisticación legislativa
Una de las disposiciones más inteligentes del SB 484 aborda un problema que otros estados han pasado por alto: la manipulación del sistema. El proyecto de ley prohíbe explícitamente que los clientes dividan las cargas eléctricas en una sola ubicación en múltiples conexiones más pequeñas para evitar el umbral de 50 megavatios. También captura los acuerdos de colocación donde múltiples entidades comparten una sola instalación. Sin estas disposiciones, los grandes operadores podrían eludir por completo las protecciones.
El hecho de que los legisladores de Florida hayan anticipado esta maniobra sugiere un nivel de sofisticación regulatoria que debería servir como modelo a nivel nacional.
Prioridad de la red durante emergencias: las familias primero
La sección 6 del proyecto de ley prohíbe que cualquier tarifa o política de servicios públicos impida la interrupción del servicio eléctrico a los grandes centros de datos durante emergencias para garantizar la estabilidad de la red y la seguridad pública. Para un estado que experimenta rutinariamente huracanes que dejan sin electricidad a millones de residentes, esta disposición es esencial.
Cuando el huracán Ian devastó el suroeste de Florida, solo las interrupciones le costaron a la economía del estado una estimación de 5.000 millones de dólares. La North American Electric Reliability Corporation ha advertido que la demanda de los centros de datos podría provocar apagones rotativos durante eventos climáticos extremos. Cuando hay escasez, ¿quién se corta primero?
Una política justa exige que los grandes usuarios comerciales asuman la carga antes que los clientes residenciales. Los hogares permanecen iluminados mientras las granjas de servidores se desconectan. Esto no es castigar la innovación, sino priorizar a las familias durante las crisis.
La prohibición de entidades extranjeras: la seguridad nacional se une a la regulación estatal
El SB 484 prohíbe que los servicios públicos proporcionen intencionalmente servicio eléctrico a grandes clientes con alta demanda que sean entidades extranjeras, definidas como entidades propiedad o controladas por gobiernos de países extranjeros de interés. Los centros de datos procesan y almacenan enormes volúmenes de información confidencial. Garantizar que las instalaciones que extraen 50 megavatios o más de la red de Florida no estén controladas por gobiernos adversarios es una precaución razonable de seguridad nacional integrada en la política estatal.
Dónde el proyecto de ley podría ser más sólido
El SB 484 es una legislación sólida, pero tres áreas merecen atención a medida que avanza al Senado.
En primer lugar, el proyecto de ley debería fomentar o incentivar la generación renovable in situ junto con el almacenamiento en baterías. La energía solar se implementa en meses; los pedidos de nuevas turbinas de gas enfrentan retrasos de siete años. Cuando Meta construyó un centro de datos en Aiken, Carolina del Sur, se asoció con un desarrollador de energía solar para instalar 100 megavatios de generación in situ. Redwood Materials lanzó una microrred que combina 12 megavatios de energía solar con 63 megavatios-hora de almacenamiento específicamente para alimentar los centros de datos. Florida, el Estado del Sol, debería aprovechar su recurso natural más abundante alentando a los centros de datos a construir su propia generación limpia, reduciendo la tensión en la red y creando empleos locales.
En segundo lugar, el proyecto de ley complementario, SB 1118, crea una exención de registros públicos que permite un tratamiento confidencial de los planes de desarrollo de centros de datos hasta por un año. La transparencia y la rendición de cuentas pública no deben intercambiarse por conveniencia competitiva. Las comunidades merecen saber qué se está planificando en sus vecindarios antes de que comience la construcción, no después.
En tercer lugar, los estándares de conservación del agua deberían incluir mandatos tecnológicos específicos. La refrigeración por inmersión elimina por completo el uso evaporativo del agua. Los sistemas refrigerados por aire, aunque menos eficientes energéticamente, reducen drásticamente la extracción de agua dulce.
El lenguaje actual del proyecto de ley que exige agua reciclada “donde sea factible” es un buen comienzo, pero las determinaciones de factibilidad deben realizarse de manera transparente y con la participación del público, no dejarse únicamente a las agencias de permisos y los solicitantes que negocian en privado.
En resumen
Los centros de datos son la columna vertebral de la computación en la nube, la inteligencia artificial y la economía digital. Florida debería darles la bienvenida. Pero dar la bienvenida a la innovación no significa entregar un cheque en blanco a la industria más rica de la historia humana, un cheque librado sobre las tarifas y el suministro de agua de Florida.
El SB 484 establece un principio que debería ser fundamental para el enfoque de cada estado: las empresas que internalizan las ganancias también deben internalizar los costos. Cuando una sola instalación puede consumir tanta electricidad como 80.000 hogares y tanta agua como una ciudad mediana, la pregunta no es si regular, sino si la regulación es lo suficientemente inteligente como para proteger a las familias sin desalentar la inversión que Florida necesita.
El proyecto de ley de Ávila logra ese equilibrio. Otros estados, y los responsables políticos federales, deberían estar atentos.
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El Dr. Mark McNees es el Director de Empresas Sociales y Sostenibles en el Jim Moran College of Entrepreneurship de la Florida State University, Consultor Gerente en The McNees Group y presentador del podcast The InNOLEvation® Mindset. Su análisis de política energética ha aparecido en USA Today, The Hill, Miami Herald y otras publicaciones nacionales.
